Josep Piqué indicó que un caso concreto de aplicación de la ley es
el de la normativa lingüística de las Universidades, que puede ser
«mejorable» para garantizar «el derecho de todo el mundo a poder
utilizar normalmente la lengua que consideren conveniente y hacer
eso compatible con el necesario fomento de la utilización del
catalán en las universidades catalanas».
El portavoz del Gobierno en funciones aludía de esta forma a la
polémica surgida por el reglamento lingüístico de la Universidad
Rovira i Virgili, en la que se ha abierto un proceso penal por el
expediente y sanción a una profesora.
Lamentó «profundamente» que este tipo de situaciones se tengan
que dilucidar en el ámbito de los procedimientos penales. A este
respecto subrayó que todo lo que signifique avanzar en el distrito
abierto «es algo que difícilmente merece discusión, porque es
coherente con el carácter universal que debe tener cualquier
Universidad». El presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi
Pujol, no tardó en replicar al asegurar que «hurgar» en la política
lingüística de Catalunya «es un camino seguro para llegar a una
política de ruptura con CiU y el Gobierno de la Generalitat».
Sin embargo, Pujol aseguró que esta cuestión «va a parte» de la
investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno
español y que la Ejecutiva de CDC «no quiere» estar condicionada
por las declaraciones del portavoz en funciones del Gobierno
central, Josep Piqué, porque lo importante es «crear un clima
positivo».
Pujol justificó su decisión de apoyar la investidura de Aznar,
pese a la oposición de buena parte de su partido, porque a la larga
será «más rentable» crear un buen clima con el PP y ahora CiU sólo
podría obtener «calderilla». Reitera que quiere las manos libres y
no entrar en el Gobierno aunque voten a favor de la investidura de
Aznar. Pujol afirmó también que el Partido Popular, a pesar de su
mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, «dudo mucho de
que pueda aprobar muchas leyes con el 80 por ciento de los votos»,
tal y como ocurrió en la votación de la Ley de Política
Lingüística. Según el presidente de la Generalitat, esta amplia
mayoría demuestra que se trata de una ley «de centro» y «de
equilibrio» y en ningún caso una ley «radical y extremista».
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