Chaves retirará los recursos a los Presupuestos si el Gobierno reconoce el censo y compensa las pérdidas

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EUROPA PRESS - SEVILLA El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anunció ayer durante su discurso de investidura que la administración autonómica interpondrá una demanda judicial contra las empresas tabaqueras si no logra alcanzar un acuerdo para que el sector sufrague los elevados costes que supone para la sanidad pública andaluza la atención a las patologías médicas producidas por el tabaco, evaluados en torno a los 60.000 millones de pesetas anuales.

En su intervención, Chaves explicó que la Junta viene desarrollando los estudios médicos, jurídicos y económicos necesarios para requerir formalmente en los próximos años a las empresas tabaqueras la compensación de dichos gastos «por la vía de la negociación», pero aseguró que «si no fuese posible alcanzar un acuerdo satisfactorio, interpondremos la demanda judicial correspondiente en defensa de los intereses generales de Andalucía». Según Chaves, las patologías médicas producidas por el tabaco merecen un «tratamiento integral» y su consideración como una prioridad dentro de la sanidad pública tanto por sus graves consecuencias y sus elevados costes económicos como por la amplia población afectada.

Por este motivo, la Junta desarrollará durante los próximos cuatro años un programa específico para atender las cuatro áreas fundamentales, relativo a prevención del consumo, abandono de la dependencia, diagnóstico precoz de patologías y aplicación de los tratamientos más adecuados a los afectados por el tabaquismo.

Junto a ello, Chaves se comprometió, en materia sanitaria, a completar la red de atención primaria hasta el cien por cien con una dotación adecuada; construir nuevos hospitales con habitaciones de uso individual; y extender de forma progresiva y por tramos de edad la prestación pública de los servicios dentales, así como la atención bucodental a niños y jóvenes hasta los 16 años.

Del mismo modo, Manuel Chaves expresó su voluntad de continuar la política de incluir los medicamentos en el sistema público andaluz con base en criterios técnicos o profesionales y de equidad y elaborar la Ley de Ordenación Farmacéutica de Andalucía.