La Audiencia Nacional ha condenado al general de la Guardia Civil
Enrique Rodríguez Galindo y al ex gobernador civil de Guipúzcoa
Julen Elgorriaga a 71 años de cárcel por los delitos de detención
ilegal, lesiones y asesinato de los etarras José Antonio Lasa y
José Ignacio Zabala. También ha condenado a 69 años al teniente
coronel Angel Vaquero y a 67 años y 8 meses al ex sargento Enrique
Dorado Villalobos y al cabo Felipe Bayo. Sin embargo, absuelve al
ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y al abogado
Jorge Argote del delito de encubrimiento y a todos ellos del delito
de pertenencia a banda armada.
La Sala condena a Galindo y Elgorriaga a 28 años y 6 meses de
cárcel por cada uno de los dos asesinatos, y a 7 años por cada
delito de detención ilegal. Vaquero ha sido condenado a 28 años por
cada uno de los asesinatos, y a 6 años y 6 meses por cada
secuestro. Condena a Dorado y Bayo a 27 años y 10 meses por cada
asesinato, y a 6 años y un día por cada secuestro.
Los cinco condenados deberán, además, indemnizar, de forma
conjunta y solidaria, con cincuenta millones a los herederos, 25
millones por familia. La Audiencia Nacional considera adecuada la
cantidad por «los muchos años que han tardado las familias en
conocer el paradero de sus hijos, con el dolor que la incertidumbre
genera». Además, declara al Estado responsable civil
subsidiario.
Señala que «las extralimitaciones de las personas dependientes
del Estado no son óbice para estimar la responsabilidad civil
subsidiaria, siempre que se haya producido en conexión con el
servicio. Ello es lo que ocurre en este caso, cuando los acusados,
miembros de la Guardia Civil y un gobernador civil, deciden luchar
contra ETA de manera ilegal».
La sentencia señala que en 1983 Galindo y Elgorriaga, «al tener
conocimiento de que en el Ministerio del Interior se iba abriendo
camino la idea de aceptar la realización de acciones violentas
contra miembros de ETA refugiados en el sur de Francia como una vía
para acabar con el terrorismo, decidieron que ellos debían
intervenir». Su misión debía ser «lograr la detención en Francia y
el traslado a España de aquellos miembros de ETA que consiguiesen
localizar, a fin de obtener información, aunque luego fuese preciso
hacerlos desaparecer».
Para la misión acordaron valerse de algunos guardias civiles
destinados en el servicio de información de la Comandancia de
Guipúzcoa, entre ellos, el capitán Angel Vaquero, el cabo Enrique
Dorado y el guardia Felipe Bayo.
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