La dirección del PSOE acordó ayer que los candidatos a dirigir el
PSOE cuenten con el respaldo de un 10 por ciento de los miembros
del Comité Federal o en su defecto, de los comités regionales o de
nacionalidad. Los aspirantes que cumplan alguno de estos requisitos
podrán disponer de la sede federal del PSOE para convocar
conferencias de prensa o celebrar reuniones, difundir sus
propuestas a través de la página web, o utilizar las
infraestructuras del partido para ponerse en contacto con los
militantes. Estas ayudas empezarán a partir del día 25 de junio,
una vez elegidos los delegados que acudirán al Congreso Federal.
Según explicó Máximo Díaz Cano, estos requisitos no quieren
«limitar» el derecho de los militantes a ser candidatos y
participar en el proceso precongresual y precisó que los aspirantes
que no cuenten con los avales políticos suficientes, podrán
realizar su propia «campaña», pero tendrán que pagar de su bolsillo
los costes de la misma. El comité federal del PSOE asumió que es
imposible impulsar en estos momentos un nuevo proceso de primarias,
regular las incompatibilidades o limitar los mandatos de los cargos
institucionales o de partido porque son decisiones que se deben
adoptar en el próximo congreso federal de los socialistas.
El presidente de la Comisión Política del PSOE, Manuel Chaves,
explicó en rueda de prensa, una vez que finalizó la reunión del
máximo órgano entre congresos, que todos los delegados han sido
conscientes de que estas propuestas contravenían las normas
estatutarias que regula la celebración de los cónclaves
socialistas.
Por lo tanto, las enmiendas presentadas a la Ponencia marco que
abogaba por esta apertura del partido, junto con el resto que han
sido rechazadas, algo más de un centenar de las 165 que se han
presentado "68 de adición, 57 de sustitución y 40 de supresión",
serán remitidas a las agrupaciones locales para que los militantes
las debatan y, en el supuesto de que obtengan un respaldo mínimo
del 20 por ciento, sean debatidas en el máximo órgano del
partido.
Entre las enmiendas rechazadas destacó la presentada por el
presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, que suponía una enmienda a la totalidad a la ponencia marco
y que, finalmente tan sólo recibió 27 votos a favor y 17
abstenciones, de los más de dos centenares de miembros que integran
el máximo órgano entre congresos.
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