EfeMadrid23/05/00 0:00
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Las compañías pretoleras que operan en España decidieron anoche poner en marcha la subida del precio de las gasolinas prevista para el pasado sábado que quedó paralizada en el último momento. Con este nuevo aumento, la eurosúper se sitúa en 140 pesetas por litro, la súper queda en 150 pesetas y el gasóleo sube hasta las 114 pesetas por litro, de forma que el precio de las dos primeras se incrementa en dos pesetas y el gasóleo, en una peseta. La citada subida de precios estaba prevista por la compañía Repsol desde el pasado viernes, aunque en el último momento decidió aplazar la medida para evitar que el incremento quede reflejado en los datos de la inflación para el mes de mayo.

Se trata de la sexta subida de precios que se produce en lo que llevamos de mes.
El Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía ha enviado al Tribunal de Defensa de la Competencia un informe en el que se imputa a Repsol una infracción por efectuar prácticas para alargar la exclusividad de los puntos de venta más allá de los diez años que permite la ley. El efecto de las prácticas imputadas a Repsol sobre el mercado es la reducción del número de puntos de venta accesibles a otros operadores y el consiguiente cierre del mercado, lo que, según el informe, ha podido contribuir al mantenimiento de prácticas restrictivas de la competencia en el sector de distribución de petróleo.

Este expediente tuvo su origen en una denuncia presentada a mediados de 1999 y tras la que se efectuó una investigación domiciliaria en la sede de la petrolera el pasado septiembre. El expediente hace referencia a prácticas que afectan a la contratación de Repsol con sus estaciones abanderadas y sus efectos sobre la competencia en el mercado, dada la «posición preponderante» de esta empresa, que posee el 55% de la cuota de mercado. Por su parte, La comisaria europea de Transporte y Energía, Loyola de Palacio, dijo ayer que la Comisión vigila de cerca la «sorprendente coincidencia» que se da en los precios de los carburantes fijados por las petroleras que operan en España, «algo que no pasa en ningún otro país».