Entre las medidas previstas por el Gobierno para liberalizar el
sector de los hidrocarburos en España está la supresión de los
obstáculos que impiden ampliar el número de gasolineras y aumentar
la capacidad de distribución de CLH, compañía propietaria de la red
de oleoductos, así como diversificar su accionariado. El ministro
Rodrigo Rato anunció que, además, se intentará abaratar el
combustible potenciando la venta en grandes superficies o
hipermercados y dando mayor facilidad a las cooperativas para
vender gasolina.
El plan consistiría en ampliar el número de puntos de venta de
gasolina para que en cuatro años alcance el promedio de la Unión
Europea. Actualmente, en España existen 7.643 puntos de venta,
frente a los 17.125 de Francia o los 13.161 del Reino Unido. El
mercado español dispone solo de 0'35 gasolineras por cada 1.000
vehículos, uno de los promedios más bajos de la UE.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, atribuyó el alza
de los precios en los carburantes al elevado precio del crudo, que
se ha agravado con una pérdida de valor del euro. Respecto a las
sospechas de que exista un acuerdo sobre los precios por parte de
las petroleras, Aznar aseguró que ese tema se encuentra en manos de
las autoridades de Defensa de la Competencia, por si pudieran
existir prácticas restrictivas.
Ante esta escalada del precio del crudo y de las gasolinas, el
presidente de la CEOE, José María Cuevas, instó ayer al Gobierno a
modificar el carácter progresivo de la fiscalidad que aplica sobre
los carburantes. «Gravar impuestos sobre cada crecimiento de
precios es algo poco explicable que debería analizarse en su
conjunto, no sólo en el tratamiento de uno de los agentes que
interviene», afirmó. La incompleta liberalización del sector y la
falta real de competencia entre las petroleras es la principal
causa de la subida de los carburantes, según PSOE e IU. Así, el
portavoz en materia económica del Grupo Parlamentario Socialista,
Jordi Sevilla, pidió ayer al Gobierno que vuelva a aplicar una
política de precios máximos para los carburantes y regule las
condiciones de acceso a terceras compañías a la red de distribución
de hidrocarburos hasta que se produzca una «efectiva liberalización
del sector». En la misma línea, el portavoz de IU, Gaspar
Llamazares, señaló que el principal objetivo para justificar las
privatizaciones, el de reducir los precios aumentando las
competencias, se está constatando como un fracaso.
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