El ministro de Justicia, Àngel Acebes, propuso ayer a los grupos
parlamentarios iniciar de inmediato un diálogo para la puesta en
marcha de un «Plan de Choque para la Agilización de la
Administración de Justicia» que acabe con retrasos y costes
innecesarios. Entre las medidas concretas que plantea este plan de
choque, el ministro apostó por la elevación temporal de la edad de
jubilación de los magistrados a los 72 años, el aumento de las
posibilidades de desempeño de la función jurisdiccional como
suplentes a los magistrados de carrera, la unificación de la fase
de oposición en las carreras judicial y fiscal y la reducción
transitoria en unos meses de la duración de la Escuela Judicial.
Además, propuso la adscripción de los magistrados de las Salas
de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia a
otras mientras tengan menores cargas de trabajo. Estas medidas
tienen como objetivo, explicó Acebes, solucionar el grave problema
de que 500 juzgados en España no tengan un juez profesional y que
una de cada siete plazas de jueces esté vacante.
Posteriormente al plan de choque, se desarrollarían sucesivas
etapas de acuerdo dentro del Pacto de Estado a corto y largo plazo.
Respecto al sistema de elección de los miembros del Consejo General
del Poder Judicial, el ministro se mostró partidario de que sean
los jueces y magistrados los que elijan a los doce vocales de
extracción judicial y ofertó un acuerdo para conseguir conformar un
Consejo con las mayores garantías de independencia.
Sobre el Ministerio Fiscal, se abordarían, dijo el ministro,
aspectos relacionados con la formación de los fiscales, su
especialización, su participación en la investigación criminal y su
régimen disciplinario, así como la regulación de determinados
cargos y responsabilidades. Otros de los asuntos que citó Acebes
como objetos prioritarios del Pacto son la figura del juez
profesional, la potenciación de la figura del secretario judicial,
el papel de la oficina judicial y el impulso del traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a aquellas
Comunidades Autónomas que aún no tienen transferidas las
competencias.
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