El Gobierno vasco y el Ministerio de Interior volvieron ayer a la
carga con un nuevo cruce de descalificaciones, siguiendo el
enconamiento que protagonizaron el miércoles en la Cámara Baja
Mayor Oreja y el diputado González Txabarri. Para la
vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, la intervención del
ministro demostró que hace «política del chipirón», es decir,
respondiendo acusando, o bien yéndose «por otros derroteros,
descalificando a un grupo político, y hablando de otras cuestiones
que no tienen nada que ver con la pregunta que directamente se le
realizó».
De la misma manera se expresó el portavoz del Gobierno vasco,
Josu Jon Imaz, quien afirmó que «se puede decir» que Mayor Oreja
confirmó «la ocultación de datos» de las personas amenazadas por
ETA. De hecho, aseguró que el hecho de que aún no se haya
transmitido a la Ertzaintza la documentación incautada al 'comando
Basurde' viene a constatar la ocultación de información. «El
ministro se ampara en datos irrelevantes. Nos gustaría saber cuáles
son los criterios que utiliza el ministro del Interior para saber
qué datos son relevantes y qué datos son irrelevantes, porque lo
que él considera irrelevante puede ser de importancia para el
Cuerpo encargado de velar por la seguridad de las personas en el
País Vasco, que es la Ertzaintza», explicó. Según Imaz, ha existido
una «actuación de deslealtad» por parte del ministro y le pidió que
aclare de «forma pública y oficial» los mecanismos de Interior para
informar al Ejecutivo vasco sobre ETA.
Por su parte, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja,
aseguró que las declaraciones del PNV sobre este asunto le producen
«asco, pena y repugnancia», porque forman parte de una «infame»
campaña política puesta en marcha por los nacionalistas para
intentar abrir una grieta entre el PP y el PSOE.
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