Los Gobiernos de España e Italia impulsarán un grupo de trabajo
conjunto con los ministerios de Justicia e Interior para propiciar
un «marco jurídico común», que permita desbloquear las
extradiciones de mafiosos, y promoverán una iniciativa encaminada a
ordenar la inmigración en la UE.
Al término de la IX Cumbre hispano-italiana, el presidente del
Gobierno español, José María Aznar, subrayó la responsabilidad que
corresponde a ambos países como frontera exterior de la UE, y abogó
por favorecer una mayor integración de la política comunitaria en
materia de inmigración, mediante la fórmula de cooperación
reforzada, algo que juzgó «perfectamente posible».
El primer ministro italiano, Giuliano Amato, recordó que la
coordinación policial y judicial de la UE está en una fase
intergubernamental, y advirtió de que la ampliación a nuevos socios
modificará las fronteras exteriores de la Unión, si bien se mostró
convencido de la conveniencia de una acción orientada por España e
Italia. Tras recordar que ambas naciones deben asumir una
responsabilidad común en la vigilancia de las fronteras, Amato
recalcó la necesidad de «identificar y detener» la inmigración
clandestina con reglas concretas de «admisión y exclusión»,
objetivo al que España e Italia desean contribuir con una
iniciativa coordinada cuya preparación, según precisó Aznar, ya ha
sido encomendada a los respectivos representantes ministeriales. En
Nápoles también se sentaron las bases para intentar superar los
obstáculos que impiden la extradición a Italia de mafiosos
residentes en España y condenados por la justicia italiana.
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