El Gobierno vasco ha decidido presentar una querella contra el
Delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, por
incurrir en un posible delito de prevaricación y otro posible de
calumnia, según explicó ayer la vicelehendakari, Idoia
Zenarruzabeitia. Estos posibles delitos están contenidos, para el
ejecutivo autónomo, en las manifestaciones que realizó Villar el
pasado día 8 de junio, en las que aseguró que «nos es difícil
compartir ciertos datos policiales, aunque deberíamos hacerlo, con
un Gobierno que colabora con los asesinos a los que perseguimos».
Para el Ejecutivo vasco, «de esta declaración se deduce que el
señor Villar reconoce que el Ministerio de Interior lleva a cabo
acciones y omisiones a sabiendas de que el ordenamiento jurídico y
las resoluciones que emanan de las competencias asumidas por el
País Vasco en materia de Seguridad, según el Estatuto de Gernika y
la Constitución, le obligan a ello». Este comportamiento entra
dentro de la comisión de un presunto delito de prevaricación
perseguible por la vía penal, además de constituir un flagrante
incumplimiento del acuerdo estatutario, según la
vicelehendakari.
El Gobierno vasco entiende que «nos hallamos ante un asunto de
una gravedad extrema, ya que los responsables de garantizar la
seguridad de las personas en el País Vasco son las autoridades del
Gobierno vasco, a las que intencionadamente el Ministerio de
Interior del Gobierno de Madrid oculta de forma interesada
información sustancial para llevar a cabo su función con eficacia».
El Ejecutivo vasco entiende asimismo que el delegado del Gobierno
ha podido incurrir en un delito de calumnias al afirmar que este
Gobierno colabora con asesinos, «lo cual es manifiestamente
incierto y constituye además un delito. No es justificable desde
ningún punto de vista que el señor Enrique Villar impute a un
Gobierno que colabora con banda armada», agregó.
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