Asociaciones de jueces y el PSOE aseguraron ayer que las reformas
que pretende introducir el Gobierno en la Ley de Extranjería
plantean serios problemas de inconstitucionalidad. En concreto, se
refirieron a la falta de asistencia jurídica en el supuesto de
expulsión.
La portavoz socialista en temas de Inmigración, Delia Blanco,
manifestó que «el punto que regula la expulsión plantea un estado
de excepción, ya que no hay ninguna garantía jurídica para ser
expulsados; sólo un plazo de 48 horas sin asistencia jurídica, lo
que vulnera los derechos fundamentales de las personas. En el mismo
sentido se manifestaron las asociaciones de jueces. el
representante de la Asociación Profesional de la Magistratura, José
Luis Requero, cree que la falta de tutela jurídica efectiva podría
provocar recursos de inconstitucionalidad por parte de partidos
políticos o por parte de los tribunales, por lo que manifestó su
confianza en que el texto modifique estos aspectos que plantean
dudas.
Los sindicatos UGT y CC OO, el partido Nueva Izquierda y la ONG
ATIME anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional y a las
movilizaciones sociales si se aprueban las reformas presentadas por
el Gobierno a la actual ley. Los diferentes responsables para
inmigración de estas organizaciones coincidieron en afirmar que
buena parte del articulado de la reforma es inconstitucional y que
supone una enorme involución respecto de la vieja ley de
Extranjería de 1985, que ya era, dijeron, bastante dura.
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