El Gobierno aprobó ayer la eliminación de la discrecionalidad que
la Ley del Suelo de 1998 concedía a las administraciones locales en
la clasificación de suelo 'no urbanizable' con el objetivo de
incrementar así la cantidad de suelo urbanizable, introducir mayor
flexibilidad en el mercado del suelo y atajar el incremento del
precio de las viviendas.
Asimismo, el Gobierno reconoció el derecho de la iniciativa
privada a promover la transformación del suelo urbanizable y aprobó
la implantación del denominado 'silencio administrativo', dentro
del paquete de medidas liberalizadoras aprobada por Real Decreto.
Por este sistema, un promotor privado de suelo podrá considerar
como aprobados por parte de la Administración los instrumentos
urbanísticos que ha planteado si a los seis meses de hacerlo no ha
obtenido niguna respuesta de la administración.
El Consejo de Ministros autorizó también la puesta en marcha de
otras medidas con la finalidad de neutralizar la subida de los
precios de la vivienda. Así, por una parte, los Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria dejarán de tener la exclusividad en la
intermediación inmobiliaria. Del mismo modo, se exigirá una mayor
transparencia en los folletos informativos de los préstamos
hipotecarios en lo referente al derecho a elegir sociedad tasadora,
entidad aseguradora y notaría. Por último, se establece una
reducción de los aranceles de los Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de un 5%.
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