El Consejo de Ministros aprobó ayer un conjunto de medidas
liberalizadoras que afectarán a los sectores de la energía,
telecomunicaciones, distribución comercial y fiscalidad, dirigidos
a consolidar el crecimiento económico, frenar la inflación e
impulsar la creación de empleo.
El ministro de Economía, Rodrigo Rato, declaró que el objetivo
de estas medidas «es hacer el traje de la economía española más
grande», manteniendo el crecimiento económico «dentro de un marco
de estabilidad de precios». Las medidas, recogidas en cinco Reales
Decretos, respetan el interés general y suponen «el aumento de la
liberalización y el final de los vestigios de épocas pasadas» y de
monopolios en algunos sectores «cuyas legítimas aspiraciones han de
ser tenidas en cuenta siempre que no perjudiquen el interés
general», dijo Rato. El titular de Economía definió este conjunto
de medidas como «una de las más amplias modificaciones planteada
desde el punto de la oferta económica en España».
Las Cámaras de Comercio y los sindicatos UGT y CC OO mostraron
su disconformidad ante el paquete de medidas liberalizadoras. Para
los sindicatos las medidas son injustas y antisociales, mientras
que las Cámaras consideran las decisiones como positivas pero
insuficientes. Sólo la Unión de Consumidores de España (UCE) se
mostró conforme con la actuación del Gobierno calificándola de
«positiva». El diputado de IU Gaspar Llamazares afirmó que el
conjunto de medidas liberalizadoras «suponen aplicar un trágala a
la mayoría de sectores del país», y añadió que «sólo benefician a
los grandes oligopolios configurados por el Gobierno». Acusó al
Gobierno de volver a las «andadas» y al presidente del Gobierno,
José María Aznar, de olvidar que uno de sus principales compromisos
en el debate de investidura fue el de apostar por el diálogo y el
consenso.
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