El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato,
explicó que las más de 70 medidas responden a la necesidad de
agrandar las posibilidades de crecimiento de la economía española
en un contexto de integración en la UE, globalización de la
economía y desarrollo de las nuevas tecnologías.
Los cinco decretos recibieron el visto bueno del PP, que cuenta
con mayoría absoluta en la Cámara, y de Coalición Canaria, mientras
que el resto de los grupos parlamentarios apoyaron sólo algunos o
los rechazaron en su totalidad. En cualquier caso, el Congreso
tramitará como proyecto de ley las disposiciones fiscales y sobre
el suelo. El Grupo Socialista votó únicamente a favor del decreto
presentado por la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés,
para liberalizar el mercado de la telefonía local y establecer una
tarifa de plana de Internet en horario restringido. CiU votó a
favor de todas las medidas excepto las contenidas en el Decreto de
fomento de la competencia en los mercados de bienes y servicios,
sólo por no estar de acuerdo con la ampliación de horarios
comerciales, medida en la que ve indicios de
inconstitucionalidad.
Rato destacó la trascendencia de las reformas que afectan al
sector energético y aseguró que el objetivo del Gobierno es romper
modelos empresariales de orientación vertical para garantizar que
dejarán de existir posiciones de dominio. Sostuvo que las medidas
de fomento de la competencia cambiarán el marco de actuación de
algunos sectores que funcionaban hasta ahora de manera «más o menos
protegida». El portavoz de Economía del Grupo Socialista, Jordi
Sevilla, acusó a Rato de ser «un mal sastre» que «ha querido hacer
un traje más grande para la economía española y le ha salido a la
medida de unos pocos y tremendamente estrecho para la mayoría». En
opinión del PSOE, las medidas «han sido pactadas y aceptadas por
los monopolios y operadores dominantes en cada sector».
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