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El Gobierno adelantó ayer que ya están estudiando una serie de modificaciones del borrador del texto que reformará la Ley de Extranjería, que llevarán a cabo antes del viernes y que se centrarán en los derechos sociales de los inmigrantes.

Concretamente, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, afirmó que habrá modificaciones seguras antes del viernes, cuando el Consejo de Ministros dé su aprobación al anteproyecto de ley. Este aspecto fue confirmado por el secretario general de la Inmigración y la Extranjería, Enrique Fernández Miranda, que adelantó que «casi con toda seguridad» se centrarán en los derechos sociales. Derechos de reunión, manifestación, sindicación y huelga. El texto de la reforma intenta limitar los derechos que concede la presente ley en esos aspectos. Informes jurídicos remitidos por organizaciones internacionales como Médicos Mundi y Amnistía Internacional apunta a la posible inconstitucionalidad de la reforma. Además, el secretario general se refirió a posibles cambios relacionados con el derecho a la reagrupación familiar y a la relación laboral de los extranjeros.

Por su parte, el ministro del Interior se refirió hoy a la posible inconstitucionalidad de sus propuestas argumentando que el texto es mucho más progresista que el del año 1985. «Cuando se habla de inconstitucionalidad del anteproyecto que aprobará el Consejo el viernes, yo me pregunto por qué no se dijo nada de la ley del 85», manifestó. Mayor Oreja continuó diciendo que «si se vulneran algunos derechos sociales, que no fundamentales, de los inmigrantes no legalizados en España, qué será entonces de la situación vivida desde el año 85 en España». Según el titular de Interior, es evidente que la ley, en cualquiera de sus redacciones posibles, es un avance respecto a la anterior.