La Comisión Europea demandó ayer a España ante el Tribunal de
Justicia de la UE por la disposición que limita las inversiones en
empresas privatizadas, conocida como «golden share» o «acción de
oro». Esta limitación, denominada «régimen de autorización
administrativa previa», supone que el Gobierno debe dar su visto
bueno a determinados cambios accionariales de empresas privatizadas
en un período concreto.
Como ya hiciera con Portugal, Italia, Bélgica y Francia, el
Ejecutivo comunitario siguió adelante con el procedimiento contra
España por considerar que la ley del 23 de marzo de 1995 incluye
«restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y
al derecho de establecimiento», y es por ello contraria al Tratado.
El ministro de Hacienda apuntó que «no podemos presumir sobre cual
será el uso de esa acción de oro, ya que no hemos tenido ocasión de
ejercerla». Preguntado sobre si el Ejecutivo no ejerció su acción
de oro cuando la empresa holandesa KPN quiso fusionarse con
Telefónica, el ministro respondió que «no hubo acción de oro, lo
que hubo fue conversación entre dos gobiernos».
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio,
anunció que el Ejecutivo comunitario celebrará en breve un debate
en profundidad sobre las circunstancias en que puede ser legítimo
el uso de la acción de oro y defendió ante sus colegas la necesidad
de prevenir los casos en los que, después de haber privatizado una
empresa, ésta volviera a convertirse en pública «bajo otra
bandera».
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