España ha realizado en los últimos años importantes progresos en la
liberalización que han dado «un gran impulso al funcionamiento de
los mercados», pero queda tarea pendiente y las autoridades
españolas deben «continuar siendo firmes en su enfoque sobre las
reformas estructurales» para ampliar la competencia.
Esta es la opinión manifestada por la OCDE en su informe 'Las
reformas reguladoras en España', presentado ayer en Madrid por su
vicesecretario general Seiichi Kondo, quien advirtió también que
las nuevas reformas tendrán costes de transición, especialmente
pérdidas de puestos de trabajo.
«España ha logrado dar un gran impulso al funcionamiento de los
mercados, pero, sin embargo, persisten serios problemas económicos
que requieren reformas adicionales de la regulación. Reformas que
son necesarias para mantener la convergencia con Europa», afirma el
informe sobre reformas estructurales en nuestro país, uno de los
primeros que pidió voluntariamente a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ser objeto de este
estudio. El informe se realizó antes de las medidas liberalizadoras
aprobadas la semana pasada, pero el vicesecretario de la
organización afirmó que son medidas que van en la dirección
adecuada y que «reducirán los precios para los consumidores e
impulsarán el crecimiento», pues son «acordes con algunas de las
recomendaciones hechas por la OCDE», en particular las que se
refieren a los sectores eléctrico, del petróleo y el gas y los
horarios comerciales.
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