El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, explicó en la
conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que la
reforma, para la que no se ha solicitado consulta al Consejo de
Estado, cuenta con el «apoyo inequívoco» de todos los miembros del
Ejecutivo. Una de las razones de la modificación, hecha desde las
convicciones éticas y democráticas, «asentada en la prudencia, el
sentido común y el rigor», es que no podía ponerse «tanto acento»
en que la inmigración irregular legalizara «con tanta facilidad» su
situación. «Eso sólo produce más inmigración ilegal», apostilló.
El texto, que se debatirá en el Parlamento a partir de otoño con
el objetivo de que entre en vigor en enero del 2001, mejora
«sustancialmente», según el ministro, la ley de 1985 en lo que se
refiere a los derechos y libertades de los inmigrantes. El proyecto
aprobado modifica a su vez el borrador de reforma conocido porque
entre su redacción y ayer ha habido diálogo «para perfeccionarlo» y
«seguirá habiéndolo», vaticinó. Así, no sólo los residentes tendrán
derecho a la reunión, asociación, sindicación, huelga y
manifestación, sino también los temporeros, turistas y estudiantes,
y el derecho a la tutela judicial efectiva se extenderá a quienes
viven fuera de España. En el nuevo texto, que afecta a aspectos de
53 de los 63 artículos de la ley vigente y añade 4 nuevos, se
establece que todos los inmigrantes tienen acceso a la sanidad, a
la educación obligatoria y a la tutela judicial efectiva.
Los «legales», es decir, los estudiantes, los temporeros y los
turistas, pueden además circular libremente por territorio
Schengen, y tienen derecho de reunión, asociación, manifestación,
sindicación y huelga, y los que poseen permiso de residencia tienen
también los propios de los nacionales, los ilegales no tendrán
estos derechos. Las sanciones a las mafias y a las redes de
inmigración ilegal se endurecen y, entre otras medidas, se multa al
empleador español de irregulares hasta con diez millones de
pesetas; se puede decomisar cualquier medio de transporte utilizado
por esas organizaciones así como los inmuebles que utilicen para
alojarlos; y se incluye la clausura de las empresas y
establecimientos que empleen a los «sin papeles».
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