Mayor Oreja afirma que las reformas cumplen con las normas europeas.

Mayor Oreja afirma que las reformas cumplen con las normas europeas.

EfeMadrid08/07/00 0:00
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El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, explicó en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que la reforma, para la que no se ha solicitado consulta al Consejo de Estado, cuenta con el «apoyo inequívoco» de todos los miembros del Ejecutivo. Una de las razones de la modificación, hecha desde las convicciones éticas y democráticas, «asentada en la prudencia, el sentido común y el rigor», es que no podía ponerse «tanto acento» en que la inmigración irregular legalizara «con tanta facilidad» su situación. «Eso sólo produce más inmigración ilegal», apostilló.

El texto, que se debatirá en el Parlamento a partir de otoño con el objetivo de que entre en vigor en enero del 2001, mejora «sustancialmente», según el ministro, la ley de 1985 en lo que se refiere a los derechos y libertades de los inmigrantes. El proyecto aprobado modifica a su vez el borrador de reforma conocido porque entre su redacción y ayer ha habido diálogo «para perfeccionarlo» y «seguirá habiéndolo», vaticinó. Así, no sólo los residentes tendrán derecho a la reunión, asociación, sindicación, huelga y manifestación, sino también los temporeros, turistas y estudiantes, y el derecho a la tutela judicial efectiva se extenderá a quienes viven fuera de España. En el nuevo texto, que afecta a aspectos de 53 de los 63 artículos de la ley vigente y añade 4 nuevos, se establece que todos los inmigrantes tienen acceso a la sanidad, a la educación obligatoria y a la tutela judicial efectiva.

Los «legales», es decir, los estudiantes, los temporeros y los turistas, pueden además circular libremente por territorio Schengen, y tienen derecho de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga, y los que poseen permiso de residencia tienen también los propios de los nacionales, los ilegales no tendrán estos derechos. Las sanciones a las mafias y a las redes de inmigración ilegal se endurecen y, entre otras medidas, se multa al empleador español de irregulares hasta con diez millones de pesetas; se puede decomisar cualquier medio de transporte utilizado por esas organizaciones así como los inmuebles que utilicen para alojarlos; y se incluye la clausura de las empresas y establecimientos que empleen a los «sin papeles».