La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial cree
que el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería es
precipitado porque la norma sólo lleva cinco meses en vigor y no se
han podido comprobar sus efectos, aunque valora algunos de sus
puntos como las medidas contra las mafias.
Según informaron en fuentes del órgano de Gobierno de jueces y
magistrados, la Comisión remitirá al Pleno del CGPJ del miércoles
próximo un informe en el que se indica que es necesario que exista
un control judicial a partir de las 72 horas de detención de un
inmigrante antes de regresar a su país. La Comisión considera
positivas todas las medidas del anteproyecto relativas a la
persecución del tráfico ilegal de inmigrantes, es decir, de las
mafias.
Los integrantes de la Comisión son Enrique Arnaldo -propuesto
por el PP-, como presidente, y los vocales Manuela Carmena
-propuesta por PSOE e IU-, Rafael Fernández Valverde -Coalición
Canaria- y Ramón Sáez Valcárcel -IU-, y contó con la ausencia de
Esther Jiménez -PP y CiU-. El informe elaborado por la Comisión,
con el acuerdo unánime de los cuatro miembros presentes, constata
además que el anteproyecto permite una discriminación en el
disfrute de los derechos de los inmigrantes aún reconociendo que el
texto se ajusta a los acuerdos internacionales de Tampere. En ese
sentido, constata que la Ley en vigor atribuye a los extranjeros,
con independencia de su situación en España, ciertos derechos en
igualdad de condiciones con los ciudadanos españoles, que en cambio
el anteproyecto de reforma condiciona a que tengan una situación
legal en España.
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