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La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial cree que el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería es precipitado porque la norma sólo lleva cinco meses en vigor y no se han podido comprobar sus efectos, aunque valora algunos de sus puntos como las medidas contra las mafias.

Según informaron en fuentes del órgano de Gobierno de jueces y magistrados, la Comisión remitirá al Pleno del CGPJ del miércoles próximo un informe en el que se indica que es necesario que exista un control judicial a partir de las 72 horas de detención de un inmigrante antes de regresar a su país. La Comisión considera positivas todas las medidas del anteproyecto relativas a la persecución del tráfico ilegal de inmigrantes, es decir, de las mafias.

Los integrantes de la Comisión son Enrique Arnaldo -propuesto por el PP-, como presidente, y los vocales Manuela Carmena -propuesta por PSOE e IU-, Rafael Fernández Valverde -Coalición Canaria- y Ramón Sáez Valcárcel -IU-, y contó con la ausencia de Esther Jiménez -PP y CiU-. El informe elaborado por la Comisión, con el acuerdo unánime de los cuatro miembros presentes, constata además que el anteproyecto permite una discriminación en el disfrute de los derechos de los inmigrantes aún reconociendo que el texto se ajusta a los acuerdos internacionales de Tampere. En ese sentido, constata que la Ley en vigor atribuye a los extranjeros, con independencia de su situación en España, ciertos derechos en igualdad de condiciones con los ciudadanos españoles, que en cambio el anteproyecto de reforma condiciona a que tengan una situación legal en España.