En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que ayer
aprobó la reforma, el vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
apeló a la «sensatez, el equilibrio y la responsabilidad» y pidió
que «no haya hipocresía» con la inmigración.
«Tenemos que regular la entrada de personas en España», dijo, y
con la actual ley no se puede hacer «porque no hace distinción
entre legales e ilegales; es el único país del mundo donde se
produce esa circunstancia». Sobre la expulsión de inmigrantes,
Rajoy manifestó que cuando el Gobierno tiene conocimiento de una
situación irregular, «tiene que cumplir la ley». Rajoy explicó que
el nuevo proyecto aprobado asume 12 de las 17 sugerencias que ha
hecho el Consejo del Poder Judicial, y cinco de las 10 realizadas
por el Consejo de Estado, con las que se ha modificado la
exposición de motivos y 13 artículos del texto que el Gobierno
aprobó el pasado 7 de julio.
Destacó que se han dejado fuera aportaciones como la del Consejo
del Poder Judicial que planteaba su preocupación respecto de los
extranjeros en situación ilegal en relación con los derechos como
asociación, reunión, manifestación, libertad sindical y huelga.
Tras reiterar su disposición al diálogo en el trámite
parlamentario, el vicepresidente Rajoy confía en que pueda entrar
en vigor antes de finales de año. Tras conocer la aprobación de la
reforma, el PSOE, que había pedido su retirada, afirmó que el
Gobierno «no tiene voluntad real de consenso» y añadió que el nuevo
texto no incorpora las sugerencias de fondo del Consejo General del
Poder Judicial. La portavoz del Grupo Socialista en inmigración,
Delia Blanco, dijo que «es demasiado prematuro» saber si su partido
recurrirá esta reforma ante el Constitucional y agregó que este
punto «ya lo estudiaremos».
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