Oreja, que ayer se reunió con su homólogo ruso, se mostró dispuesto a abrir un diálogo con los partidos.

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El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, insistió ayer en que el Gobierno está muy interesado en endurecer las penas de los terroristas de ETA, pero siempre dentro de un marco constitucional y contando con el consenso de los partidos políticos y de los jueces. «El Poder Ejecutivo tiene que saber encontrar puntos de encuentro con quienes luego aplican la ley y las medidas», añadió.

En este sentido, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a abrir un diálogo con las fuerzas políticas, aunque sus preferencias pasan por un mayor cumplimiento de las penas antes que por la cadena perpetua. Sin embargo, la necesidad de cambiar las leyes no es la única medida que, a su juicio, se debe tomar, sino que es imprescindible luchar contra todos los aparatos de ETA. Así, explicó que «la ETA de los delincuentes de cuello blanco es una realidad porque los estrategas han estado veinte años impunes».

El ministro de Defensa, Federico Trillo, también lanzó una propuesta sobre este asunto: la creación de un juicio revisor al final de las condenas de los terroristas. En este sentido, señaló que «hay cinco países de la UE que tienen la reclusión perpetua entre sus penas, y son países democráticos». Aunque no se mostró partidario de esta opción de forma manifiesta, sí consideró positivo que se produzca este debate.

Además, recordó que «la reinserción es la finalidad última de la pena, pero no la única ni la primera», y que «hay fórmulas que permiten salvar la reinserción que la Constitución garantiza en todo caso, estableciendo un juicio revisor al final de los veinte años, que permita que, si persisten en su actitud, como persisten muchos de los etarras que ahora están en la cárcel, sigan en la cárcel y no se les deje salir».

El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, mostró la disposición de los socialistas a estudiar cualquier medida jurídica que contribuya a combatir con más eficacia el terrorismo, pero descartó la cadena perpetua por ser contraria a la resocialización que prevé la Constitución.