El Consejo de Ministros aplicó ayer el indulto a 1.443 personas del
total de 3.000 que estaban pendientes en el Ministerio de Justicia,
argumentando que lo hace en respuesta a dos peticiones de la Santa
Sede con motivo del Jubileo 2000. Entre los indultados están los
condenados por el 'caso Filesa', Alberto Flores, Luis Oliveró y
Carlos Navarro.
El Gobierno tomó la decisión de librar de la pena de 15 años de
inhabilitación por prevaricación continuada en la instrucción del
'caso Sogecable' impuesta por el Supremo a Gómez de Liaño en 1999,
en contra del informe emitido por la Sala de lo Penal de dicho
Tribunal, pero de acuerdo con el realizado en sentido contrario por
la Fiscalía. Las argumentaciones del fiscal fueron que existían
«razones de equidad» y un «clamor popular» en favor de la medida de
gracia.
La Sala sentenciadora, formada por los magistrados del Supremo
Enrique Bacigalupo, Gregorio García Ancos y José Antonio Martín
Pallín, y la acusación particular, ejercida por el presidente de
Sogecable y de PRISA, Jesús de Polanco, se opusieron al indulto. La
Sala de lo Penal rebatía la teoría del «clamor popular» en favor
del indulto expresada por el fiscal, al considerar que los 1.200
telegramas recibidos para respaldar la medida son una cifra poco
significativa.
El Consejo de Ministros valoró positivamente el informe del
teniente fiscal del Supremo, José María Luzón, que apoyó el indulto
de Gómez de Liaño, aunque ponía la condición de que no fuese
destinado a la Audiencia Nacional, debido a los «graves
enfrentamientos y enemistades suscitadas» en ese organismo sobre
este caso, según el dictamen fiscal.
En la lista de indultados destacan los condenados por el 'caso
Filesa', Alberto Flores, Luis Oliveró y Carlos Navarro, y la
inclusión de Teresa Moreno Maya ('Tani'), a la que se le ha
condonado la pena que tenía impuesta de 14 años de prisión por otra
de 2 años y medio. Además se indulta a 460 insumisos. El ministro
de Justicia, Angel Acebes, señaló que todos los indultos concedidos
contaban con informe favorable de la Fiscalía o del tribunal que
enjuició los hechos, y que los condenados, además de no ser
reincidentes, han alcanzado un importante grado de reinserción
social.
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