El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, anunció ayer que el
Gobierno interpondrá un recurso de casación ante la misma sección
de la Audiencia Nacional cuya sentencia anula la congelación
salarial de los funcionarios de 1997 y obliga al Estado a pagarles
los atrasos desde ese año. Fuentes del Gobierno explicaron que una
vez presentado, la Audiencia Nacional debería decidir si cabe o no
ese recurso -que técnicamente se conoce como «anuncio de recurso de
casación»-.
En caso de aceptarlo, sería el Tribunal Supremo el encargado de
resolverlo y en caso de desestimarlo, el Gobierno podría elevar al
Supremo un «recurso de queja», según fuentes del Ministerio de
Administraciones Públicas. Respecto a la exigencia del PSOE de que
el Gobierno acate la sentencia y efectúe el pago que afecta a los
2'2 millones de empleados públicos, Rajoy pidió a ese partido que
se esfuerce en «dar la talla» en su papel de oposición.
Asimismo, le advirtió de que con esta sentencia el Gobierno
puede firmar un convenio con los sindicatos para «veinte años vista
y durante veinte años el PSOE y el Parlamento no podrían emitir ni
siquiera una opinión sobre ello, al ser un asunto cerrado».
Por su parte, el PSOE e IU presentaron ayer en el Congreso
sendas proposiciones no de ley en las que instan al Gobierno a
abrir una mesa de diálogo con los sindicatos de la Función Pública
para negociar con ellos retribuciones superiores a las previsiones
de IPC de esos años y a habilitar medidas presupuestarias que hagan
posible el pago de los atrasos.
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