TW
0
EFE - BARCELONA/BILBAO El recientemente desarticulado «Comando Barcelona» tenía datos de un coche que perteneció al esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín y que éste vendió hace dos años a una persona vinculada a la Familia Real, informaron fuentes de la lucha antiterrorista. Las citadas fuentes explicaron que los supuestos miembros del Comando José Ignacio Krutxaga, Liarni Armendáriz, Fernando García Jodrá (huido) y Diego Sánchez Burría tenían diversa documentación sobre posibles objetivos y que entre ésta se encontraba una matrícula de un coche y diversos datos que permiten deducir que había sido objeto de seguimientos.

Esta matrícula pertenecía a un vehículo que había sido propiedad del marido de la infanta Cristina y que éste había vendido hace dos años a otra persona vinculada con la Familia Real. El pasado día 22 el juez Carlos Dívar ordenó prisión incondicional para Diego Sánchez Burria,-hijo de un comisario de Policía- quien le imputó un delito de conspiración para el asesinato al facilitar información precisa al comando sobre una persona cuya identidad no fue revelada, aunque no se llegó a intentar atentar contra ella.

Las fuentes explicaron que esta persona está relacionada con los seguimientos y datos obtenidos sobre el coche que había sido de Iñaki Urdangarín. La Policía registró el vehículo de Sánchez Burria, un Suzuki Baleno, y halló biografías y fotografías de dirigentes del PP catalán captados de la «web» que el partido tenía en Internet, antes de suprimirla.

Mientras, y en Bilbao, el sindicato mayoritario de la policía autónoma vasca, Erne, acusó ayer al consejero de Interior vasco, Javier Balza, de «incompetencia» por no haber dado «ninguna instrucción» a las fuerzas del orden para combatir la violencia callejera de los independentistas radicales. «Todavía no hemos recibido ninguna instrucción para afrontar esta situación», afirmó el portavoz del sindicato policial, Joseba Bilbao, al mismo tiempo que el Ministerio de Interior anunciaba que la lucha contra la violencia callejera es una prioridad para la Ertzaintza.