El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil
Robles, finalizó ayer su viaje a Euskadi con las visitas al
lehendakari, Juan José Ibarretxe, a sus consejeros de Interior,
Javier Balza, de Justicia, Sabin Intxaurraga, y de Educación, Sabin
Oliveri, así como al presidente del Parlamento vasco, Juan María
Atutxa. Según señaló el consejero Sabin Intxaurraga en
declaraciones posteriores a la reunión, aprovechó el encuentro para
«denunciar» ante el comisario europeo la política de dispersión de
los presos de ETA.
En este sentido, aseguró Intxaurraga que Gil Robles, «como no
podía ser de otra manera, comparte esa opinión y ese criterio», ya
que, «internacionalmente, todo tipo de organizaciones e
instituciones señalan que las condenas tienen que ser cumplidas en
cárceles cercanas al entorno familiar de los presos». Gil Robles
aseguró tras estas reuniones que la situación en la que viven los
ciudadanos vascos es «atroz». Sin embargo, precisó que el viaje no
tenía como objetivo proponerle como mediador en el conflicto vasco,
ni siquiera como impulsor del diálogo.
Gil Robles inició el martes su visita a Euskadi para comprobar
el grado de cumplimiento de los derechos humanos que se produce en
la comunidad, y el resultado, a su juicio, no ha podido ser más
desalentador. Así, aseguró que ha visto «cosas tremendas, he visto
que la gente lo está pasando muy mal», y no sólo las víctimas del
terrorismo, algo que por sí mismo ya es «atroz, inexplicable,
inadmisible e intolerable».
La principal conclusión de su viaje es que ha constatado el
«problema real de Euskadi»: que una parte de la sociedad observa
que sus libertades esenciales para sentirse ciudadanos «se quieren
constreñir, limitar y atacar», algo que «hay que defender, porque
la democracia es ser libre para expresarse en libertad y aceptar un
modelo u otro sin arriesgar nada fundamental como la vida o la
tranquilidad personal»
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