El PP y el PSOE acordaron ayer aplazar hasta septiembre la
negociación sobre los órganos constitucionales tras constatar que
no es posible llegar un acuerdo antes de agosto sobre la renovación
del CGPJ, el Tribunal de Cuentas y el Constitucional. En esta
última fase de la negociación el obstáculo principal ha sido la
inclusión de la diputada del PNV Margarita Uría en el CGPJ, para la
cual los socialistas estaban incluso dispuestos a ceder uno de sus
candidatos, pero que fue rechazada por el PP por proceder
directamente de la vida política.
Como ocurrió tras el bloqueo de la semana pasada, los portavoces
parlamentarios de PP y PSOE, Luis de Grandes y Jesús Caldera, se
reprocharon mutuamente, en sendas ruedas de prensa ante los
periodistas, el fracaso de las negociaciones. El portavoz del grupo
popular, Luis De Grandes, se mostró convencido de que los
socialistas han primado un acuerdo con el PNV sobre el necesario
pacto para renovar las instituciones y lamentó que el PSOE no haya
tenido voluntad política y haya preferido hacer oposición antes que
respetar el principio de acuerdo alcanzado el pasado jueves.
De Grandes volvió a negar que su grupo haya planteado ningún
veto personal a los candidatos propuestos por el PSOE o por el PNV
e insistió en que las objeciones del PP a los candidatos
socialistas al Tribunal de Cuentas se refirió al excesivo número de
ellos que tenían un marcado perfil político. Por su parte, Jesús
Caldera, consideró que han sido «los vetos» y la «doble vara de
medir» del Partido Popular lo que han impedido un acuerdo, para el
que aseguró que los socialistas han trabajado «de buena fe».
Caldera, que rechazó las acusaciones de haber pactado esta
situación con el PNV, insistió en la importancia de que estén
representados los nacionalistas vascos en el CGPJ, ya que aseguró
que a la democracia española «no le conviene» que estos queden
fuera de un órgano del Estado. El portavoz socialista consideró que
el PP deberá explicar a las asociaciones judiciales su actitud y
que el presidente del Gobierno, José María Aznar, deberá también
aclarar «por qué irrumpió en las conversaciones injuriando
gravemente al PSOE», al atribuir las propuestas de los socialistas
a la necesidad de resolver problemas internos.
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