La Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española negó
ayer la veracidad de las informaciones facilitadas el lunes por la
Federación Estatal de Profesores de Religión (FEPER), en las que se
denunciaba que «algunas diócesis vinculan» la continuidad de los
docentes a «un impuesto revolucionario».
Esta especie de «impuesto revolucionario», explicaron los
representantes de la FEPER, se configura de diversas formas, según
las diócesis, como «el pago anual de una cantidad en metálico,
cooperación con las parroquias, contribución para algún regalo o la
realización de cursos».
Para la Comisión de Enseñanza que preside el arzobispo de
Granada, Antonio Cañizares, «las afirmaciones vertidas por los
llamados representantes de la asociación de profesores FEPER
carecen de fundamento y verdad».
En una nota facilitada este mediodía por la citada Comisión del
Episcopado español, se afirma que se ha recabado información de las
diócesis de Canarias, Tenerife y Getafe (las diócesis imputadas
ayer por la FEPER como autoras de las prácticas denunciadas).
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