El PSOE aseguró ayer que «hay motivos suficientes para pedir ya el
cese de Rato». El PSOE entiende que tras un mes de trabajo de la
comisión sobre Gescartera ya puede concluirse que este asunto es un
«claro caso de corrupción política» en el que intervinieron
«responsables públicos de la Administración» en connivencia con los
estafadores que se llevaron 18.000 millones de pesetas. Así lo
aseguró hoy en conferencia de prensa el portavoz socialista en esta
comisión parlamentaria, Antonio Cuevas, quien emplazó a los
ministros de Economía, Rodrigo Rato, y Hacienda, Cristóbal Montoro,
a asumir sus responsabilidades por este asunto.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó por su parte
que ha entregado al Congreso información que revela que «personas
estrechamente familiares, no ya el entorno, sino con la realidad
del PSOE» aparecen como «inductoras» de inversiones en Gescartera.
Montoro dijo que había depositado auditorías de empresas publicas
que han invertido en Gescartera y en las que aparecen personas
vinculadas al PSOE como ordenantes de sus inversiones en
Gescartera. Mientras, un documento clave, un informe sobre todas
las operaciones de entidades bancarias con Gescartera, realizado
por el Banco de España ha sido remitido a la Comisión de
investigación del Congreso, cuyo presidente, Luis Mardones, aseguró
ayer que el crédito que el HSBC concedió a una de las empresas
familiares del vicepresidente económico, Rodrigo Rato, no estaría
fijado como uno de los objetivos de la Comisión, aunque lo deja a
decisión de esta.
El informe del Banco de España, según explicó el secretario de
Estado de Economía, José Folgado, no sólo fue requerido por la
comisión parlamentaria sino también por el propio Rato en el mes de
agosto para conocer los diferentes bancos que estuvieron
relacionados con Gescartera y las transacciones que realizaron los
directivos, socios y clientes de la agencia de valores con las
entidades bancarias. Pero las conclusiones, de momento, sólo las
podrá sacar la Comisión de investigación, porque el contenido es de
carácter reservado. Este órgano parlamentario puede analizar todo
tipo de documentos públicos o privados, aunque eso sí, dependiendo
del carácter de la información, su estudio sólo se puede hacer a
puerta cerrada.
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