TW
0

El PSOE aseguró ayer que «hay motivos suficientes para pedir ya el cese de Rato». El PSOE entiende que tras un mes de trabajo de la comisión sobre Gescartera ya puede concluirse que este asunto es un «claro caso de corrupción política» en el que intervinieron «responsables públicos de la Administración» en connivencia con los estafadores que se llevaron 18.000 millones de pesetas. Así lo aseguró hoy en conferencia de prensa el portavoz socialista en esta comisión parlamentaria, Antonio Cuevas, quien emplazó a los ministros de Economía, Rodrigo Rato, y Hacienda, Cristóbal Montoro, a asumir sus responsabilidades por este asunto.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó por su parte que ha entregado al Congreso información que revela que «personas estrechamente familiares, no ya el entorno, sino con la realidad del PSOE» aparecen como «inductoras» de inversiones en Gescartera. Montoro dijo que había depositado auditorías de empresas publicas que han invertido en Gescartera y en las que aparecen personas vinculadas al PSOE como ordenantes de sus inversiones en Gescartera. Mientras, un documento clave, un informe sobre todas las operaciones de entidades bancarias con Gescartera, realizado por el Banco de España ha sido remitido a la Comisión de investigación del Congreso, cuyo presidente, Luis Mardones, aseguró ayer que el crédito que el HSBC concedió a una de las empresas familiares del vicepresidente económico, Rodrigo Rato, no estaría fijado como uno de los objetivos de la Comisión, aunque lo deja a decisión de esta.

El informe del Banco de España, según explicó el secretario de Estado de Economía, José Folgado, no sólo fue requerido por la comisión parlamentaria sino también por el propio Rato en el mes de agosto para conocer los diferentes bancos que estuvieron relacionados con Gescartera y las transacciones que realizaron los directivos, socios y clientes de la agencia de valores con las entidades bancarias. Pero las conclusiones, de momento, sólo las podrá sacar la Comisión de investigación, porque el contenido es de carácter reservado. Este órgano parlamentario puede analizar todo tipo de documentos públicos o privados, aunque eso sí, dependiendo del carácter de la información, su estudio sólo se puede hacer a puerta cerrada.