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El ex director general de la guardia Civil Luis Roldán insinuó ayer en su declaración en el juicio por el 'caso de los fondos reservados' que el PSOE desvió fondos para sufragar los gastos del partido en campañas electorales. Además, aseguró que el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, le comentó que el ex presidente Felipe González estaba al tanto del pago de sobresueldos. Más de cuatro horas y media duró la declaración de Luis Roldán. En ella, admitió haber cobrado más de 125 millones de pesetas en concepto de sobresueldos de mano del propio Vera y del ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal, siempre con el conocimiento del ministro del Interior, primero de José Barrionuevo y luego de José Luis Corcuera.

Por medio de conversaciones con Vera y Corcuera, aseguró conocer el envío de 28 millones de pesetas de los fondos reservados a Presidencia del Gobierno con una periodicidad bimensual. El único talón que acredita estos pagos es el firmado en 1991 por la secretaria personal de Felipe González, 'Piluca' Navarro, ya que desde ese año una nueva normativa exigía identificación a quien cobraba talones.

Roldán dijo desconocer si Vera y Corcuera percibían también sobresueldos, aunque aseguró que en los extractos del Banco de España figuraban junto a los cinco millones mensuales que él cobraba otros dos pagos de quince millones. Cuando el sobresueldo de Roldán subió a diez millones, «qué curioso, las salidas de quince millones también suben y ahora son de veinte».

De otra parte, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial decidió ayer archivar la queja planteada por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por el comportamiento del presidente del Tribunal que juzga el 'caso de los fondos reservados', Francisco Vieira. Según Cardenal, el magistrado consintió una actitud inaceptable en sus declaraciones de los ex ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, algo que a lo que respondió el propio Vieira asegurando que no admitiría injerencias externas ni internas.

El pleno del consejo aprobó por consentimiento la propuesta de su presidente, Javier Delgado Barrio, de archivar la queja por «no encontrar ningún tipo de materia disciplinaria». La labor de Vieira, según el máximo órgano judicial, se centró en el ejercicio de su función jurisdiccional, que no puede ser controlada por el Consejo.