La comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista acordó dar su
«apoyo» al Gobierno en las gestiones para que en Europa «se
reconozca la vinculación existente entre la banda terrorista ETA y
la organización política Batasuna». Así lo expresaron, por medio de
un comunicado oficial, los integrantes de la comisión -PP, PSOE y
el Gobierno- al término de una reunión "que finalizó la madrugada
del martes" en la sede del Ministerio del Interior. En la reunión,
de casi cinco horas de duración, también se acordó apoyar las
gestiones que realiza el Ejecutivo en el marco de las iniciativas
de la Comisión Europea «para dar una respuesta común al
terrorismo».
Los firmantes del Acuerdo por las libertades y contra el
terrorismo aseguraron estar «convencidos de la importancia del
éxito» del proceso iniciado en el marco europeo «para la eficacia
de la lucha contra el terrorismo». El ministro de Justicia, Àngel
Acebes, aseguró ayer que el objetivo de España es que la Unión
Europea conozca la relación que existe entre ETA y una serie de
organizaciones que colaboran o cooperan con los terroristas, aunque
sea con apariencia de legalidad. El portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, Jesús Caldera, se mostró sorprendido por
las intenciones del ministro de Justicia, de quien dudó que conozca
lo que fue acordado por la comisión de seguimiento del pacto. Un
acuerdo que calificó como puramente político, «ya que quienes
tienen que aplicar penalmente las decisiones son los jueces».
Mientras, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares,
criticó que PP y PSOE estén buscando argumentos en el marco del
Pacto de Estado por las Libertades y contra el Terrorismo para
ilegalizar a Batasuna «saltándose» la Constitución. Por ello, IU ha
presentado en el Congreso varios escritos en los que pregunta al
Gobierno si piensa modificar la Constitución y la Ley de los
Partidos Políticos, como pasos previos a la posible ilegalización
de Batasuna.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, pidió por su
parte a PP y PSE-EE que respeten al poder judicial y que dejen a
los jueces decidir si organizaciones determinadas han cometido
algún delito o no. Así, Imaz abogó por la distribución de poderes y
aseguró que «cuando se tiene un indicio de que una organización
está cometiendo un delito, lo que hay que hacer es ponerlo en manos
de la justicia».
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