Después de que la noche del jueves las delegaciones de las
administraciones central y vascas dieran por suspendidas las
negociaciones a cuatro días de que concluya la vigencia de la ley
del actual Concierto, por lo que ha sido prorrogado, ayer se
reiteraron las acusaciones mutuas sobre la culpabilidad del
desencuentro. A las acusaciones de «inmovilismo» y de falta de
voluntad de llegar a un acuerdo formuladas por el Gobierno Vasco y
los partidos que lo sustentan, así como de las diputaciones de
Vizcaya y Guipúzcoa, ambas gobernadas por el PNV, se unieron las
del Gobierno español y la Diputación de Àlava, gobernada por el PP,
en las que se achacaba el desencuentro a posiciones «soberanistas»
del Ejecutivo de Vitoria.
Incluso el propio diputado general de Àlava, Ramón Rabanera, y
dirigentes «populares» reconocieron ayer que no descartan que el
Gobierno español emprenda una negociación directa con las tres
diputaciones para aprobar otros tantos conciertos, en lugar de uno
único como hasta ahora. El ministro portavoz del Gobierno, Pío
Cabanillas, acusó al Ejecutivo vasco de poner por delante del
desarrollo del País Vasco presupuestos de «tinte soberanista y de
política exterior». Indicó que la presencia de las instituciones
vascas en la UE «no es negociable» y subrayó que la representación
exterior del Estado «es patrimonio exclusivo del Gobierno de la
nación», por lo que este asunto «nada tiene que ver con el
Concierto».
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que no se
reanudarán las negociaciones hasta que el Gobierno de Vitoria no
reformule su propuesta. La vicelehendakari emplazó a Montoro a
seguir negociando hasta el 31 de diciembre para llegar al acuerdo
que, dijo, ha venido persiguiendo desde el principio, «modulando
las posiciones». «Nosotros lo hemos hecho porque estamos por el
acuerdo y, mi impresión personal es que no ha existido la misma
modulación ni la misma voluntad por la otra parte, pero todavía hay
tiempo si esa voluntad existe», incidió.
Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa coincidieron en culpar a
una falta de voluntad de acuerdo de la Administración del Estado la
actual situación, y la institución vizcaína le hizo un llamamiento
para que «asuma su responsabilidad de Estado y se avenga a
consensuar un nuevo Concierto». La portavoz de la Diputación
guipuzcoana, Koruko Aizarna, se refirió a la posibilidad de que se
proponga la negociación unilateral con las diputaciones y señaló
que ésta «ni piensa en ello, porque es la delegación vasca la que
tiene que negociar».
Sobre esta hipótesis el diputado general de Àlava, Ramón
Rabanera, avanzó que la Diputación alavesa se planteará negociar
directamente con el Gobierno central «cuando los afanes
soberanistas del Gobierno vasco hagan imposible un acuerdo».
Precisamente el portavoz del PNV, Joseba Egibar, culpó del fracaso
de las negociaciones para renovar el Concierto Económico a «la
estrategia del Gobierno español de ruptura unilateral», y añadió
que la prórroga es «ficticia». IU instó a Aznar a poner todos los
medios a su alcance para lograr un acuerdo, mientras el PSOE
rechazó la pretensión del Gobierno Vasco de querer buscar una
«solución exclusiva y excluyente» para participar en los órganos de
la UE.
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