EfeMadrid05/01/02 0:00
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El secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, no descartó ayer que el Gobierno central negocie con las Diputaciones vascas sobre la renovación del Concierto Económico al margen de Vitoria, mientras que IU estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre la prórroga de esta ley. Elorriaga señaló que la posibilidad de negociar con cada una de las Diputaciones está abierta «como mal menor», si continúa el bloqueo de las conversaciones con el Gobierno de Vitoria, y recordó que a lo largo de la historia y en varias ocasiones hubo acuerdos diferentes entre el Estado y las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Dijo que la existencia de un Concierto único para toda el País Vasco «deriva directamente del Estatuto de Guernica, en el que por primera vez se recoge la posibilidad de que haya uno o varios acuerdos», lo que sigue siendo la mejor opción, en opinión del Gobierno.

El coordinador general del IU, Gaspar Llamazares, aseguró que estudian la posibilidad de recurrir la prórroga del Concierto ante el Tribunal Constitucional y exigió que se «recupere el diálogo y la cooperación cuanto antes» entre los dos Ejecutivos. Denunció el «modelo de patriotismo constitucional entendido como imposición centralista» que, a su juicio, practica el PP y expresó el apoyo de IU a la «proporcionada respuesta» del Gobierno vasco a la decisión del Ejecutivo central de prorrogar el Concierto. Llamazares reprochó al PP que haya trasladado al ámbito institucional lo que, en su opinión, es una estrategia de confrontación entre partidos.

El consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, acusó al presidente de la Comisión Gestora del PSE-EE, Ramón Jáuregui, de «crítica oportunista» al Ejecutivo autónomo, «con el mismo talante centralista y amenazador del PP». El jueves, Jáuregui consideró «ilegal» la decisión del lehendakari de pagar 240 millones de euros menos de Cupo y estimó que la situación actual en la negociación es un «conflicto político buscado» desde el Gobierno Vasco y el PNV, que pretendía «una especie de soberanismo imposible en materia fiscal y financiera en la UE». Según Azkarraga, «la crítica oportunista de Jáuregui al Gobierno Vasco contiene el mismo talante centralista y amenazador del PP» al sugerir una «guerra de flujos financieros» (la posibilidad de que el Estado retenga dinero destinado al País Vasco si no se paga todo el Cupo).

El portavoz del PP del País Vasco, Leopoldo Barreda, afirmó que «un Gobierno que no paga sus impuestos, no puede exigir a los ciudadanos que paguen los suyos», en referencia a la decisión del Ejecutivo vasco sobre el Cupo que debe abonar al Estado. Consideró «patético» que «el mismo Ejecutivo que plantea el conflicto en torno al Cupo pretenda, al día siguiente, tranquilizar a la sociedad», en referencia a la llamada a la calma realizada por Imaz. El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, afirmó por su parte que si el Gobierno central retira servicios para que el País Vasco page menos Cupo, el Ejército podría ser uno los servicios a suprimir. Explicó que «si se retiran servicios pagaremos menos Cupo, y si no se prestan algunos servicios, desaparecerán, por ejemplo el Ejército. Yo creo que aquí no necesitamos Ejército, y ese dinero lo utilizaríamos para otras cosas, como la educación o la sanidad», explicó.