Los Gobiernos de España, Francia, Reino Unido, Portugal, Luxemburgo
y Bélgica, suscribieron en Santiago de Compostela un acuerdo, al
que posteriormente se sumó Alemania, por el que adelantan al primer
trimestre del año 2003 la aplicación de la orden europea de
detención y entrega, conocida como «euroorden», que está previsto
que entre en vigor en todo el territorio de la Unión Europea el 1
de enero del año 2004. El acuerdo de adelantar en un año la
«euroorden» en seis países fue anunciado en una rueda de prensa
conjunta por los ministros de Justicia de España, Angel Acebes;
Reino Unido, David Blunkett; Luxemburgo, Luc Frieden; y Portugal,
Antonio da Costa; junto al comisario europeo de Justicia e
Interior, Antonio Vitorino.
Acebes destacó la importancia que el acuerdo tiene para la lucha
contra el terrorismo en Europa, y señaló que el resto de países de
la UE que no han suscrito el adelanto de la «euroorden» podrán
sumarse a la iniciativa en cualquier momento. El ministro dijo que
la razón de que los otros nueve países comunitarios no hayan
firmado esta medida es que requieren más tiempo para adecuar sus
ordenamientos jurídicos a la nueva orden de detención y entrega, y
en algunos casos precisan incluso una reforma constitucional.
El acuerdo supondrá que en los seis países firmantes, a partir
del primer trimestre del 2003, se aplicará de forma efectiva la
«euroorden», es decir, que el mandamiento de detención de un juez
de cualquiera de esos estados tendrá plena vigencia en los otros
cinco. La cooperación reforzada entre los seis países citados para
poner en marcha la Decisión marco sobre el mandato de detención y
entrega no ha sido, como era de prever, respaldada por Italia.
Fuentes comunitarias consideran que esto demuestra nuevamente que
el Gobierno de Silvio Berlusconi no está dispuesto a avanzar al
ritmo que sus colegas en esta materia.
El ministro de Justicia italiano, Roberto Castelli, justificó la
negativa de su país en «razones de prudencia», y criticó que se
estén produciendo pasos de este tipo sin alcanzar primero un
consenso general sobre el modelo europeo que se pretende alcanzar.
«Es colocar el carro delante de los bueyes», dijo Castelli. De otra
parte, los Quince abogaron por reforzar el papel de Europol en la
lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal, el narcotráfico
y la falsificación del euro. Los ministros de Interior y Justicia
apoyaron las propuestas de la presidencia española para impulsar la
creación de un Banco de Datos de Visados en la Unión Europea y una
política común de gestión de fronteras, para frenar la inmigración
ilegal.
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