El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero,
aseguró ayer que su partido propondrá hoy en la reunión del Pacto
Antiterrorista una reforma del Código Penal para aplicar «penas de
prisión» a aquellas personas que empleen «amenazas, coacciones o
intimidaciones» a los concejales. Rodríguez Zapatero explicó
algunas de las medidas que plantea su partido para garantizar la
libertad y seguridad de los concejales y propiciar que todas las
fuerzas políticas puedan presentar, en igualdad de condiciones,
candidaturas en las próximas elecciones, y que buscan, además, la
implicación de «todas las fuerzas políticas democráticas».
Así, entre otras cuestiones, el PSOE propone revisar con
Gobierno central y vasco, de forma individualizada, la seguridad de
los actuales concejales, sus propiedades, la de los locales de sus
partidos, y las condiciones materiales y personales en las que
ejercen sus funciones. El PSOE apuesta también por una serie de
modificaciones en la legislación electoral, entre ellas un cambio
en el artículo 182 de la LOREG para que los partidos puedan cubrir
con «representantes» no incluidos en las listas electorales las
vacantes que se produzcan, en aquellos casos en los que la dimisión
del concejal y/o el agotamiento de la lista se produzca por
coacciones.
Entre las propuestas del Gobierno destaca la modificación de la
ley de partidos políticos para garantizar y exigir que los fines y
actividades de los partidos se ajusten a los principios
democráticos esenciales y, en particular, respeten los derechos y
libertades individuales. Rodríguez Zapatero, preguntado sobre la
posibilidad de que el Gobierno persiga con sus iniciativas una
eventual ilegalización de Batasuna, afirmó que respaldará todas
aquellas medidas que sirvan para «luchar contra el mundo radical
que apoya la violencia», pero siempre «dentro del marco de la
Constitución y del Estado de derecho».
Por su parte, el secretario general del PP, Javier Arenas,
subrayó que la ilegalización de Batasuna es una decisión que
corresponde al ámbito de la Justicia, aunque se mostró partidario
de una normativa «más exigente de lo que deben ser los fines y las
actividades de los partidos políticos», en la línea apuntada por el
Ejecutivo, al tiempo que reclama al PSOE apoyo a sus medidas para
fortalecer el pacto anti ETA. El Gobierno Vasco considera que «la
ilegalización de los partidos políticos, y en su caso Batasuna, por
la posible comisión de delitos penales le corresponde a los jueces
y tribunales», según manifestaron a EFE fuentes de la presidencia
vasca.
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