Los partidos alcanzaron ayer, tras seis horas de reunión, acuerdos
para incrementar la seguridad de los ediles vascos, como la
creación de una comisión y la presentación de mociones en los
ayuntamientos en favor de la pluralidad, aunque el PP lamentó que
no se pactara aislar a Batasuna. El encuentro reunió en Vitoria a
representantes de los partidos, excepto Batasuna, las instituciones
vascas y el Ministerio del Interior para estudiar las medidas en
torno a la seguridad de los ediles vascos. Esta comisión de
seguridad estará integrada por representantes del Ministerio y del
Departamento vasco de Interior y de los partidos, para analizar la
seguridad de los ediles. Asimismo se comprometieron a estudiar la
posibilidad de acometer reformas legales para facilitar el trabajo
de los concejales.
Entre estas reformas, según explicó Ibarretxe, se encuentran las
que garanticen la confidencialidad de los bienes de los cargos
municipales, posibilitar la participación en la vida municipal de
los concejales amenazados a través de las nuevas tecnologías, sin
estar presentes en las sesiones, así como la modificación de la Ley
Electoral «que nos permita asegurar durante toda la legislatura
municipal la representación obtenida por cada partido». A este
respecto, el socialista Ramón Jáuregui, que calificó la reunión
como «un pequeño gran paso para el cambio de rumbo», especificó que
había un compromiso para estudiar la constitución de gestoras en
aquellos municipios en los que las amenazas impidan la presencia de
alguno de los partidos.
Otro de los acuerdos adoptados es el referente a la presentación
en todos los ayuntamientos de iniciativas destinadas a abrir un
«debate social dirigido a garantizar la pluralidad», según el
lehendakari. Aunque el lehendakari no se extendió en la explicación
de este asunto, Jáuregui añadió que la idea es que estas
iniciativas sirvan de «reto a Batasuna». Según Jáuregui, serían
mociones «democráticas conjuntas en defensa de la democracia y el
pluralismo, con una condena de la violencia» y un rechazo de
Batasuna de las mismas conllevaría una serie de «consecuencias»,
como la elaboración de un acuerdo institucional que comprometiera a
todos los partidos democráticos a no gobernar con Batasuna ni a
hacer oposición con sus votos.
En este punto el PP planteó que se presentaran mociones censura
contra los alcaldes de Batasuna, propuesta que sólo contó con el
apoyo del PSE. Los partidos y las instituciones también acordaron
propiciar que la sociedad «arrope a las personas amenazadas y que
sufren una violencia absolutamente intolerable», mediante unas
mesas de partidos en los municipios. El presidente del PP en
Euskadi, Carlos Iturgaiz, reconoció estos «avances», aunque los
calificó de «segundo término» y lamentó que no haya habido un
acuerdo para aislar política y socialmente a Batasuna. Según
explicó Iturgaiz, el PP planteó apoyar las medidas acordadas en el
Pacto Antiterrorista, a lo cual, el presidente del PNV, Xabier
Arzalluz, contestó que no está por ilegalizar Batasuna porque eso
sería dar más fuerza a Batasuna.
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