El Tribunal Supremo avaló ayer la decisión del Gobierno de congelar
los salarios de los funcionarios en 1997, al admitir el recurso de
casación presentado por el Abogado del Estado y anular la sentencia
de la Audiencia Nacional que declaraba ilegal aquella medida y daba
la razón a CC OO. Además, el Tribunal desestimó ayer mismo un
segundo recurso interpuesto conjuntamente por CC OO y UGT en ese
Tribunal. El fallo del Supremo, que contó con la unanimidad de los
cinco magistrados de la Sala Tercera, causó satisfacción en el
Gobierno, que lo consideró «razonable» y «lógico», mientras que CC
OO y UGT anunciaron que presentarán recursos de amparo ante el
Tribunal Constitucional. Los sindicatos de la Función Pública
habían llegado a un acuerdo con el Gobierno del PSOE para negociar
las retribuciones de los funcionarios en los cuatro años
siguientes, pero cuando el Partido Popular ganó las primeras
elecciones legislativas, en 1996, decidió congelar los salarios de
este colectivo en 1997 para reducir el déficit público.
Los sindicatos mayoritarios recurrieron esa medida en los
tribunales y hace poco más de un año, el 23 de enero de 2001, la
Audiencia Nacional dio la razón a CC OO y dictó una sentencia en la
que anuló la congelación salarial de los funcionarios en 1997. La
Audiencia ordenaba además a la Administración negociar con los
sindicatos «en el menor plazo posible» incrementos salariales
superiores al IPC de 1997, así como a pagar los atrasos
correspondientes, cifra que ascendía a medio billón de pesetas,
según calculó entonces el sindicato. El Gobierno recurrió en
casación ese fallo y, un año después, el Tribunal Supremo ha dado
la razón al Gobierno, al decidir ayer revocar la sentencia de la
Audiencia Nacional, tras admitir los argumentos del Abogado del
Estado.
Para el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy
"quien desempeñaba la cartera de Administraciones Públicas en
1996", la decisión del Supremo es «lógica», de «sentido común» y
«razonable». Rajoy recordó que el Supremo ha dado la razón al
planteamiento del Gobierno y que el proceso data de 1996, cuando en
los Presupuestos del Estado se aprobó la congelación salarial con
el objetivo de cumplir los requisitos de convergencia con la UE.
Señaló que la decisión del Supremo «responde a la lógica y al
sentido común». En nombre de los demandantes, el secretario general
de la Federación de Administración Pública de CC OO, Carlos
Sánchez, consideró «muy preocupante» que la sentencia revoque el
fallo firme de un tribunal.
Advirtió de que el sindicato «no va a actuar con sumisión» y que
sus servicios jurídicos estudiarán el fallo «en profundidad» para
poder argumentar el recurso que presentarán ante el Tribunal
Constitucional en los próximos días. El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, anunció que ha encargado al catedrático Pérez Royo
recurrir también la decisión ante el Constitucional, basándose en
el incumplimiento de los artículos 24, 28 y 37 de la Carta Magna.
Desde el PSOE, el diputado Angel Martínez Sanjuán calificó de
«faena» la decisión del Supremo y dijo que hay que reflexionar
sobre la firmeza de los acuerdos entre los sindicatos y el
Gobierno. IU, por su parte, aseguró que la decisión es «una mala
noticia para los derechos de los trabajadores y muy especialmente
para la negociación colectiva en la función pública».
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