EfeBilbao09/03/02 0:00
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Esta operación, desarrollada en las tres provincias vascas y en Navarra, supone, en palabras del ministro del Interior, Mariano Rajoy, un golpe a la estructura de ETA, ya que la actividad de los responsables de Segi «genera una cantera» que «nutre las filas de los comandos» de la banda. Los detenidos están acusados de integración en ETA y de inducción a daños terroristas por valor de más de 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas), ocasionados desde el nacimiento de Segi el 16 de junio en un total de 46 acciones de violencia callejera. En la operación, en la que han intervenido más de 200 agentes de policía, se ha detenido a doce responsables de Segi "cuatro en Vizcaya, cinco en Alava, uno en Guipúzcoa, uno en Navarra y otro en Madrid" y se efectuaron 22 registros, entre ellos cuatro sedes de Segi y otras tantas «herriko-tabernas» usadas para ocultar documentación.

Los arrestados en Vizcaya son David Lizarralde Palacios, Aiboa Casares Echebarria y los hermanos Iker y Ainara Frade Bilbao; en Guipúzcoa fue arrestado Oier Oa Pujol; en Alava Unai González, Gorka Betolaza, Asier Ochoa de Retan Simón, Arkaitz Martínez de Albéniz y Xabier Abasolo Osinaga, y en Navarra Aitziber Pérez Blanco. En Madrid, la policía detuvo en dependencias de la Audiencia Nacional a Asier Iñigo Egizurain, que acababa de ser puesto en libertad por la juez Teresa Palacios, ante la que había declarado en relación con el «grupo Y» desarticulado en Vizcaya el miércoles "de los siete detenidos, sólo ordenó el ingreso en prisión de uno".

La Delegación del Gobierno en Navarra informó de que la Policía busca a Zigor Ruiz Jaso, quien el 29 de junio participó en San Sebastián en la presentación pública de Segi y en agosto de ese año concedió una entrevista al diario «Gara», en la que dijo que «aunque los instrumentos de trabajo cambian, el proyecto de la juventud continúa siendo el mismo». Garzón, según fuentes jurídicas, cifra en dos millones de euros (332 millones de pesetas) los daños ocasionados sólo este año por los actos presuntamente inducidos por los detenidos, y en 2.700 millones de pesetas los del año pasado.

El pasado 5 de febrero, el magistrado dictó un auto en el que acordó «declarar la ilicitud de las actividades de la organización alegal Segi, sucedáneo de Haika, como parte integrante de la misma organización terrorista que ETA-EKIN». Además, aseguraba que Segi «realiza convocatorias de actos y movilizaciones que suponen graves alteraciones de la normalidad ciudadana, con agresiones a los agentes encargados de garantizarla y daños en bienes e instalaciones, tal como realizaba anteriormente Jarrai-Haika». Es aquí, según fuentes de la investigación, donde se enmarcan las acciones de violencia callejera que han ocasionado los daños por valor de más de dieciocho millones de euros cuya inducción se atribuye ahora a los detenidos.