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El presidente del Gobierno, José María Aznar, pidió ayer al PSOE que mantenga la «coherencia» y respete el acuerdo alcanzado para la reforma de la Ley de Partidos Políticos, y advirtió a los socialistas de que cometerán «más que un error» si cuestionan la capacidad del Parlamento o el Gobierno para instar a la ilegalización de Batasuna ante el Poder Judicial. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se negó a polemizar con Aznar sobre los términos de la reforma para no dar «ni un solo segundo de satisfacción a los violentos», aunque el portavoz parlamentario, Jesús Caldera, insistió ayer en que los socialistas se reservan «la posibilidad de proponer cambios» y advirtió de que «si el PP quiere aprobar en solitario la ley que lo diga y explique cómo entiende el consenso».

Ante un fenómeno como el terrorismo, Aznar apostó por dar la batalla por la libertad «con todas sus consecuencias, sin que haya equívocos, equidistancias ni territorios intermedios y que se sepa que cuando se firman las cosas hay que ser coherente». El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Jon Imaz, advirtió de que el debate sobre la posible ilegalización de Batasuna «da alas a los violentos» y opinó que «va a ser la sociedad vasca la que ponga a Batasuna en su sitio en las próximas elecciones». El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, consideró que los «matices» planteados por el PSOE son prueba de que los socialistas «se dan cuenta» de que o «estamos en el camino de la pluralidad o en el de la represión», y que a ETA hay que combatirla con el Código Penal y «no con poner patas arriba la Ley de Partidos Políticos».

Izquierda Unida calificó de «enorme gravedad» que Aznar tenga la intención de «ilegalizar Batasuna» de forma «unilateral» por considerar que el Gobierno y el PP han renunciado a la «imprescindible» búsqueda de «un consenso y de una negociación» con el resto de las fuerzas políticas, tras las discrepancias surgidas con el PSOE. Finalmente Otegi, consideró que el proyecto de ley demuestra que «la osadía de enfrentarse al fascismo se paga muy cara», y que «la izquierda abertzale no es una sigla, sino un sentimiento nacional y un proyecto arraigado en la sociedad».

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF), mayoritarias en sus respectivas carreras judiciales, se mostraron a favor de que la propuesta de ilegalizar un partido político parta del Parlamento o del Gobierno o de la Fiscalía General del Estado.