El expediente abierto por el Banco de España contra el BBVA el 15
de marzo, podría acabar con multas al propio banco y a los 16 ex
directivos implicados y con la inhabilitación de estos, entre los
que están el ex vicepresidente Emilio Ybarra y el anterior
consejero delegado Pedro Luis Uriarte, que abandonaron
prematuramente la entidad el pasado diciembre. Además de a esta
investigación, el BBVA deberá enfrentarse a la de Hacienda, pues el
secretario de Estado, Estanislao Rodríguez-Ponga, anunció que
comprobará si se pagaron correctamente los impuestos
correspondientes a los fondos depositados en las cuentas secretas
que el antiguo BBV tuvo durante 13 años.
El BBVA regularizó a finales de 2000 varios entramados
financieros secretos que tenía en el extranjero, dos de ellos
radicados en los paraísos fiscales de Liechtenstein y Jersey, tras
conocer que la Fiscalía Anticorrupción investigaba el caso desde
mayo de ese año. Según fuentes cercanas a esta investigación, las
pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción desencadenaron el cierre de
estos entramados secretos, entre los que se encontraban cuentas
bancarias, sociedades y una fundación.
El BBVA cerró estos entramados, recuperó los fondos "que
ascendían a unos 225 millones de euros" y los incluyó en su mayor
parte como resultados extraordinarios en sus cuentas del 2000, al
tiempo que informó al Banco de España de su existencia, lo que
provocó la apertura de una investigación administrativa. Desde el
banco se asegura que el presidente Francisco González decidió
regularizar las cuentas cuando conoció en el 2000 su existencia,
después de ser informado por el ex presidente Emilio de Ybarra. La
actuación de la Fiscalía Anticorrupción, sobre la que se ha
decretado el secreto de sumario, no sólo se refiere a los fondos
opacos del BBVA en paraísos fiscales, sino también a actuaciones
irregulares en Latinoamérica como blanqueo de dinero, sobornos a
políticos y financiación irregular de partidos.
Mientras la investigación de la Fiscalía sigue en marcha, el
Banco de España concluía el pasado 15 de marzo la suya y acordaba
incoar un expediente sancionador contra el BBVA y contra 16 altos
cargos del grupo, entre los que se encuentran los ex presidentes
Emilio de Ybarra y José Angel Sánchez Asiaín y el ex consejero
delegado Pedro Luis Uriarte. Según la normativa, si de esta
investigación se dilucida una infracción muy grave, estos
responsables pueden recibir una sanción de hasta 60.000 euros y ser
suspendidos en el ejercicio del cargo durante un máximo de tres
años, al tiempo que se les puede inhabilitar hasta diez años para
ejercer cargos de administración.
Los expedientados son, además de Ybarra, Asiaín y Uriarte, José
Javier Gúrpide, Gervasio Collar, José Domingo Ampuero, José Manuel
de Zubiría, Vicente Eulate, Eduardo Aguirre y Juan Urrutia, todos
ellos miembros de los Comisión Delegada Permanente del BBV desde
marzo de 1997. E PSOE pidió ayer que el gobernador del Banco de
España, Jaime Caruana, comparezca en el Congreso para informar de
las investigaciones abiertas. BVA afirmó por su parte ayer que ha
obrado «con total corrección» al actuar «con prontitud» y colaborar
con el Banco de España, al tiempo que enmarcó los cambios en su
cúpula en las actuaciones realizadas para regularizar la
situación
La entidad pierde un 1'75%, la segunda mayor caída del
mercado
Los títulos de BBVA retrocedieron ayer un
1'75%, con lo que registró la segunda mayor caída del Ibex 35, tras
conocerse que la agencia de calificación financiera Standard &
Poor's ha rebajado de estable a negativa la perspectiva
correspondiente a los ratings asignados al banco «ante el potencial
impacto sobre el perfil de riesgo de la entidad de la frágil
situación financiera argentina». Ayer, BBVA movió títulos por valor
de 188'8 millones de euros y el próximo lunes iniciará la
negociación en 13'46 euros. El precio máximo al que se cruzaron
acciones de la entidad fue de 13'70 euros, en tanto que el cambio
mínimo quedó fijado en 13'38 euros. Standard & Poor's confirma
la calificación 'AA-' para la deuda a largo plazo y el rating 'A-1'
para el endeudamiento a corto plazo.
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