El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, aseguró ayer que el
Parlamento conocerá con los requisitos de seguridad necesarios los
procedimientos y acciones operativas de los servicios de
investigación de EE UU que trabajen en España, y que se regularán
en una norma. Piqué se manifestó así en conferencia de prensa
conjunta con el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell,
después de que firmaran en el Palacio de La Moncloa el Protocolo de
Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y
EE UU.
«Evidentemente, por razones de seguridad, muchas de ellas no
procede que sean conocidas de manera normal, pero es cierto que
parlamentariamente hay procedimientos como para que todas estas
cosas puedan conocerse salvaguardado todos los requisitos de
seguridad necesarios, y así va a ser», señaló el ministro español.
Fuentes diplomáticas explicaron tras la conferencia de prensa que,
a falta de la norma reguladora de las actividades de esos servicios
en España, el Parlamento sería informado mediante mecanismos ya
existentes como, por ejemplo, la Comisión de Secretos
Oficiales.
La revisión del convenio de Defensa, que deberá ser autorizado
por el Parlamento, tiene una validez de ocho años prorrogables e
incorpora disposiciones de cooperación para la seguridad entre
ambos países tras los atentados del 11-S. La colaboración en la
lucha contra el terrorismo se expresa en el fomento de la
cooperación en inteligencia militar y la autorización expresa a los
servicios de investigación criminal de los EE UU para que actúen en
España en conjunción con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y los servicios de inteligencia españoles.
Ambos países se comprometen a establecer unas «normas
reguladoras» sobre la actuación del Servicio de Investigación
Criminal Naval y de la Oficina de Investigaciones Oficiales de la
Fuerza Aérea norteamericanos para los supuestos en que se vean
afectados personas o bienes de EE UU. Piqué insistió en que esas
operaciones se efectuarán, «sin ninguna duda, con pleno respeto a
la soberanía y siempre bajo la responsabilidad de las autoridades
españolas». Entre otras novedades, el convenio establece la
reducción de mil militares entre los autorizados con carácter
permanente en la base naval de Rota, si bien se mantiene la
cantidad conjunta máxima de 8.110 efectivos civiles y militares, y
se suprime la presencia en Zaragoza y Torrejón.
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