Salaberria aprovechó su intervención en el Parlamento vasco,
durante el debate de una iniciativa relativo a la supresión de la
insumisión como delito, algo que aprobó el jueves el Congreso, para
dar su visión del terrorismo de ETA, que a su juicio no busca
imponer ideas, como aseguran todos los partidos democráticos, sino
defender «derechos legítimos que tiene el pueblo vasco».
«Desvirtuando la naturaleza del conflicto no hay manera de buscar
soluciones», dijo entre los abucheos de todos los grupos
representados en el Parlamento de Vitoria. Pero las protestas de
constitucionalistas y nacionalistas no le impidieron continuar;
argumentó que «la lucha armada del IRA» se detuvo cuando el
Gobierno británico reconoció el derecho de autodeterminación
irlandés, al tiempo que acusó a la Guardia Civil de ser quienes
imponen las armas, puesto que «permanece en Euskal Herria desde
mucho antes de que ETA existiera».
En cuanto tuvo conocimiento de estas declaraciones, la Fiscalía
General del Estado se puso manos a la obra para comprobar si puede
interponer una querella contra Salaberria. El objeto de este
estudio es comprobar si sus palabras están dentro de la inmunidad
parlamentaria. Aunque un escaño da una libertad de expresión
reforzada, la inmunidad no es absoluta. Eso sí, este es el
argumento en el que ya se ha escudado Batasuna para considerarse
fuera de la acción de la Fiscalía. La parlamentaria de Batasuna y
también abogada Jone Goirizelaia aseguró que las palabras de su
compañero Salaberria «están revestidas» por esta inmunidad, por lo
que «no se puede ejercitar ningún tipo de actividad penal» contra
el abertzale.
Sus declaraciones son, dijo, «una valoración política con la que
se puede estar de acuerdo o no». «Estamos acostumbrados a que lo
que dice Batasuna tiene una connotación y lo que argumentan los
demás no», añadió. Lo cierto es que, al margen de lo que decida la
Fiscalía, la defensa que Salaberria hizo de la lucha armada de ETA
despertó las iras de todos los partidos políticos. El ministro
portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, calificó los argumentos de
Salaberria de «lamentables y despreciables». «El Gobierno, como
todos los españoles sencillamente rechaza de plano cualquier
intento absolutamente impresentable de justificar el asesinato, la
extorsión, la violencia, el secuestro o las bombas», dijo en la
rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los portavoces de PP y PSE en el Parlamento vasco también
mostraron su indignación y su deseo de que la Fiscalía intervenga.
El popular Leopoldo Barreda aseguró que Salaberria hizo «una
expresa legitimación de ETA y una reivindicación de sus agresiones
contra la ciudadanía vasca», mientras que el socialista Rodolfo
Ares tachó la intervención del parlamentario abertzale de «insulto
a la sociedad vasca, a las víctimas del terrorismo y a la propia
decencia del país».
El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Iñaki
Anasagasti, aseguró que Salaberria hizo «una apología de la lucha
armada y de la violencia terroristas», y aseguró que lo único que
ha conseguido es dar «argumentos» a los que pretenden la
ilegalización de la formación abertzale. El diputado de Batasuna en
la Cámara vasca Jon Salaberria, fue condenado a un año de prisión
en diciembre de 1997 por desórdenes públicos en Ordizia (Guipúzcoa)
cometidos entre enero y mayo de 1995. Además, fue acusado de ser el
responsable de los «comandos Y» de apoyo a ETA y eludió la prisión
al depositar una fianza de 5 millones de pesetas. Asimismo, en
julio de 2000, el juez Baltasar Garzón elevó exposición razonada al
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra Salaberria en
el «caso Ekin».
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