Nuevo revés judicial para Jesús Gil, el más grave de las últimas
fechas. El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo decretó para
él prisión incondicional e incomunicada hasta el próximo día 19,
para practicar las diligencias necesarias, por los delitos de
malversación de caudales públicos y falsedad documental en el
Ayuntamiento de Marbella. El magistrado le acusa de malversar
26.444.532 euros, casi 5.000 millones de pesetas. En esta ocasión,
es otro asunto el que ha dado con Gil en la cárcel, el 'caso
saqueo', en el que se acusa a Gil de un presunto delito de
apropiación indebida de casi 27 millones de euros. Del Olmo ha
decretado prisión a instancias de la fiscal Anticorrupción, una
medida a su juicio necesaria hasta las 17.00 horas del día 19 para
practicar las diligencias pertinentes.
Gil no podrá hablar ni tan siquiera con su abogado, Horacio
Silva, que se mostró indignado con la decisión del juez. Según
dijo, «no es normal» que se decrete el ingreso en prisión del
alcalde de Marbella para practicar nuevas diligencias después de
dos años de investigación, y entendió la decisión como una muestra
más de «la guerra a muerte» que mantienen Jesús Gil y la Fiscalía
Anticorrupción en diferentes juzgados. El propio Gil declaró por la
mañana en la Audiencia Nacional, a la que fue trasladado desde su
residencia en la urbanización madrielña de La Moraleja.
Horas después, el juez ordenaba el ingreso en prisión
incondicional e incomunicada del supuesto contable del entramado
financiero creado presuntamente para desviar fondos del
Ayuntamiento de Marbella, Manuel Castell. Durante su declaración,
le fueron mostrados una serie de documentos relacionados con el
supuesto desvío de 4.442 millones de pesetas (más de 26 millones de
euros) del consistorio marbellí. Los documentos fueron aportados
por periodistas del diario «El Mundo», el medio que denunció los
supuestos delitos cometidos en la localidad malagueña, según
fuentes de la defensa de los imputados, que añadieron que los
informadores siempre se han negado a revelar dónde los
obtuvieron.
Las mismas fuentes añadieron que sólo siete de los documentos
son originales, y el resto fotocopias, y que, en los primeros,
Castell reconoció su letra, pero no su contenido, ya que no
contienen más anotaciones que una fecha y una cantidad y dijo no
saber a qué pueden corresponder. La fiscal, que acusa a Castellde
ser el contable del entramado financiero supuestamente creado por
Gil para desviar a sus cuentas particulares fondos públicos,
preguntó a éste por su papel en el consistorio marbellí, a lo que
el imputado respondió que era el asesor fiscal de las sociedades
municipales, y que revisaba sus declaraciones de impuestos.
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