El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo acordó ayer mantener
en prisión incondicional al alcalde de Marbella y presidente del
Atlético de Madrid, Jesús Gil, y a otros cuatro imputados en el
caso de la presunta malversación de 27 millones de euros de las
arcas municipales de Marbella, si bien esta medida cautelar
desaparecerá el lunes, tras la comparecencia de dos testigos. Por
otra parte, el juez decretó libertad bajo fianza de 150.000 euros
para los otros dos implicados que también permanecían en la cárcel
desde la noche del pasado martes, según informaron fuentes
jurídicas.
En el auto dictado ayer tarde, Del Olmo justifica su decisión en
la necesidad de dotar de «adecuada tranquilidad» la comparecencia
de dos testigos que ha citado para el próximo lunes en su despacho
de la Audiencia Nacional, con el fin de «no ver alteradas ni
manipuladas» sus declaraciones. Añade que «presentes los testigos
cuya disposición se ha acordado, desaparecerá la razón de la
prisión provisional incondicional» decretada contra los imputados.
De momento, la prisión incondicional se mantiene, aunque
comunicada, para el primer regidor marbellí, su ex abogado José
Luis Sierra, el gerente de la empresa municipal Contratas 2000,
José Luis Jiménez, el contable de varias empresas marbellíes,
Manuel Castell, y el gerente de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio
Roca.
Todos ellos ingresaron en la cárcel a instancias de la fiscal
Anticorrupción Belén Suárez por los delitos de malversacion y
falsedad de documento y en situación de incomunicación, que no les
fue levantada hasta las 17.00 horas de hoy por el juez. El juez Del
Olmo siguió ayer con las declaraciones que inició el martes, cuando
decidió encarcelar a Gil y otros seis imputados. Manuel Castell fue
conducido de nuevo a la Audiencia Nacional para responder a
preguntas del magistrado.
Pero no fue el único. También tomó declaración a varios testigos
entre los que se encuentran tres hermanos que figuraban en la
contabilidad municipal de Marbella como beneficiarios de una
cantidad, aunque ellos negaron que hubieran recibido una sola
peseta por la expropiación municipal de unos terrenos de la
familia. Por otra parte, el PP de Marbella pidió al juez que acepte
la personación de su partido en la causa.
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