CC OO y UGT han puesto un ultimátum al Gobierno hasta el próximo 23
de mayo "en que se reúnen sus respectivos órganos directivos" para
que retire el documento sobre la reforma de la protección por
desempleo porque, de no hacerlo, amenazan con responder
unitariamente de modo «contundente». El secretario de Acción
Sindical de CCOO, Fernando Puig-Samper, y el de UGT, Antonio
Ferrer, hicieron esta advertencia tras reunirse ayer tarde con el
secretario general de Empleo, Juan Chozas, quien aseguró que el
Gobierno no va a retirar el documento porque, explicó, ofrece
«mejoras evidentes» tanto para los parados como para el fomento del
empleo.
Los sindicatos calificaron de «inaceptables» las propuestas del
Gobierno que, en su opinión, hacen «imposible» el diálogo con los
sindicatos y que han llevado a que la supuesta negociación se
encuentre en «un estado catatónico», puntualizó Puig-Samper. Por la
mañana, los secretarios generales de CC OO y UGT, José María
Fidalgo y Cándido Méndez, exigieron al Gobierno la retirada de la
propuesta de reforma por desempleo al considerar que las medidas
que propone son «innegociables». «Entre nosotros», dijo Fidalgo,
«sabemos que la movilización ha empezado» y destacó que el Gobierno
«tiene desde aquí hasta final de junio para decidir si retira las
medidas» anunciadas. Por su parte, Cándido Méndez afirmó que la
reforma es «innegociable», ya que «está en las antípodas de lo que
nosotros planteamos».
CC OO y UGT pretenden convocar formalmente el paro general en
las reuniones que el 23 de mayo celebrarán sus máximos órganos de
dirección y después otros sindicatos decidirán si apoyan la
protesta. En este sentido, el presidente de CSI-CSIF, Domingo
Fernández, cree que «no existen condiciones objetivas suficientes
como para apoyar» una huelga general, en tanto que el dirigente de
ELA/STV, José Elorrieta, considera que «ya es hora de que Aznar
tenga una respuesta sindical muy fuerte». Desde el Ejecutivo, el
titular de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, lamentó que los
sindicatos no hayan presentado ninguna propuesta alternativa y
reiteró que el Gobierno sigue abierto al diálogo con la mejor
disposición.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó que «no hay
motivo alguno para una huelga general». «Lo que se pretende con una
reforma como la del subsidio de desempleo es precisamente que haya
más empleo para todos y en mejores condiciones, evitando cualquier
tipo de abuso». El presidente del Consejo Económico y Social (CES),
Jaime Montalvo, se mostró preocupado por la posibilidad de que la
reforma pueda deteriorar un modelo de relación laboral basado en la
concertación «que es la envidia de Europa».
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