Los once detenidos en la operación desarrollada el lunes en el País
Vasco y Navarra, contra organizaciones del conglomerado de ETA y
más concretamente en sus entramados de financiación, pasarán a
disposición judicial mañana. Es un «golpe muy fuerte» al entramado
financiero-empresarial de ETA, comentó ayer el ministro del
Interior, Mariano Rajoy, al detallar la operación que dijo estaba
dirigida contra el entramado financiero-empresarial y, al mismo
tiempo, contra la comisión nacional de las «herriko tabernas».
En esta operación, dirigida por el juez Garzón, la policía ha
hallado numerosa documentación y ordenadores con información
contable. Se hallaron en los siete registros efectuados, seis de
ellos en empresas y gestorías y uno en el domicilio de uno de los
detenidos: José Luis Franco Suárez. Las gestorías registradas son
«Ducal» en Bilbao; «Hator» en Hernani; «Aixa» en Tolosa y
«Etxepare» en Mungia, mientras que las empresas, ubicadas en la
provincia de Vizcaya, son «Erosgune SL» y «Eneko SL».
Jon Gorrotxategi, considerado el tesorero de Batasuna; Joseba
Mikel Garmedia Albarracín, miembro de la Ejecutiva de Udalbiltza; y
Rufino Echeverría Arbelaiz, histórico miembro de la Mesa Nacional
de HB, promotor en 1995 de la ponencia Oldartzen y detenido en 1981
por pertenencia a ETA, son tres de los once arrestados. Rufino
Echeverría participó supuestamente en el asesinato en San
Sebastián, en 1980, del dueño del bar «Kopos», al que ETA
consideraba un traficante de drogas.
Los detenidos formaban parte del entramado de financiación de
ETA, algo que investigaba la policía desde 1998, seis años después
de que ETA-KAS constituyera una estructura para que una parte del
«complejo» se autofinanciara y dependiera del dinero que le
suministraba hasta entonces el frente militar. Además, con esta
estructura ETA quería destinar recursos para crear empresas en el
exterior que mantuvieran a sus militantes huidos y generar
beneficios, al tiempo que buscaba inyectar fondos de unas
sociedades a otras.
Con este objetivo, creó Banaka, empresa dependiente de Herri
Batasuna, que se encargó de la constitución, gestión y
asesoramiento de diversas empresas, entre ellas las «herriko
tabernas», sedes sociales de los colectivos de la izquierda
abertzale, donde, según Rajoy, se capta a nuevos miembros de ETA y
se organiza la «kale borroka». Banaka SA creó las gestorías y las
dos empresas que han sido registradas, así como otras en distintos
países extranjeros, desde las que ETA blanqueó dinero procedente
del impuesto revolucionario y de los secuestros.
Garzón encarceló y procesó en 1998 a la que figuraba como
encargada de Banaka, Maite Amezaga, quien meses después fue puesta
en libertad tras el pago de una fianza de cinco millones de
pesetas. En ese año, la policía ya actuó contra un entramado
financiero de ETA, en concreto contra una trama de empresas vascas
que daban cobertura a los etarras huidos a los diversos países de
Iberomérica. Rajoy insistió en que la operación policial demuestra
una vez más que Batasuna es lo mismo que ETA, un «entramado
único».
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