Àlvarez Cascos recordó que el servicio de Defensa de la Competencia
deberá actuar y manifestó que aunque es un acuerdo de empresas
privadas, César Alierta, presidente de Telefónica, deberá «dar
explicaciones a los accionistas». También mostró su sorpresa por el
hecho de que «el socio más potente desde el punto de vista
tecnológico, en lugar de sostener en el acuerdo su posición
prevalente desde el punto de vista de las nuevas tecnologías y las
operaciones digitales, esté en una posición minoritaria, pero ése
"añadió" es un gesto de altruismo que deberá explicar Alierta».
El vicepresidente y ministro del Interior, Mariano Rajoy,
aseguró que no sería bueno que el Gobierno «tuviera una opinión y
si la tuviera, que la manifestara; las operaciones de las empresas
privadas son de su exclusiva responsabilidad». Por su parte, la
ministra de Educación, Cultura y Deportes, Pilar del Castillo, dijo
que se trata de «un acuerdo entre empresas privadas y yo,
lógicamente, como miembro del Gobierno, no tengo nada que decir».
En Nueva York, el ministro portavoz, Pío Cabanillas, señaló: «Es
una decisión empresarial en la que el Gobierno no interviene y que
se enmarca dentro de un contexto internacional de concentración»
del sector.
El ministro de Economía, Rodrigo Rato, dijo que el acuerdo será
llevado por el Gobierno español a Bruselas para su estudio y
comentó que «la única respuesta que da el Ejecutivo a los anuncios
de fusión es someterlos a dictamen de los servicios de la
competencia, por si afectasen a los consumidores». En Sevilla, la
ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, dijo que la
integración debe cumplir la legislación vigente en los ámbitos de
la competencia y las televisiones privadas y tras expresar su
respeto por esta operación, añadió que no debe suponer una
restricción de la competencia de los consumidores.
Desde el Partido Popular (PP), su secretaria de Participación,
Ana Mato, declinó hacer comentarios sobre el acuerdo por tratarse
de operaciones privadas entre empresas, pero dijo que su partido
espera que no haya perjuicio para los usuarios. El portavoz
socialista en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso,
Alfredo Pérez Rubalcaba, interpretó el acuerdo entre Telefónica y
Sogecable como una muestra del «fracaso» de la política audiovisual
del PP para controlar los medios.
Los socialistas respetan el acuerdo, dijo el también ex
ministro, en la medida que afecta a dos empresas privadas, aunque
«sin perjuicio de lo que digan las autoridades de Defensa de la
Competencia de España y la UE». Gaspar Llamazares, líder de IU,
dijo que el acuerdo «no es una buena noticia» y expresó su temor a
que pueda reducir la pluralidad informativa. El portavoz
parlamentario de CiU, Xavier Trías, consideró un éxito el acuerdo,
aunque en su opinión debería haberse producido hace cuatro años,
con lo que se hubieran evitado problemas. El presidente del
operador de cable ONO, Eugenio Galdón, espera que la fusión no se
convierta «en un preocupante paso atrás para la liberalización de
las telecomunicaciones».
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