El presidente del Gobierno, José María Aznar, dijo ayer que
convocar una huelga general para el 20 de junio «es, además de un
perfecto despropósito, hacer daño conscientemente a la imagen y al
interés de España». Aznar dijo que la reforma sólo busca
«incentivar» la búsqueda de empleo por parte de los desempleados,
ya que el «resto de los trabajadores no tienen por qué mantener a
los que no quieren trabajar». Aznar defendió esa reforma en la
sesión de control al Gobierno, donde dijo que un líder de la
oposición responsable «no puede ni debe justificar ni apoyar una
huelga general», en referencia al secretario general del PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero, quien le pidió que retire el proyecto
puesto que «a nadie le interesa ni nadie quiere una huelga
general».
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, dijo que esta
reforma del desempleo es más grave que la que hizo el PSOE en 1994
"contra la que los sindicatos convocaron un paro general de media
jornada". El presidente del Gobierno reiteró su oferta de diálogo
con los sindicatos, los empresarios, autonomías y ayuntamientos, y
aseguró que la propuesta del Ejecutivo no contiene «ni un recorte
de ni una sola prestación». Por el contrario, mantuvo, se trata de
medidas destinadas a fomentar e incentivar la búsqueda de trabajo
sin disminuir las prestaciones.
También rechazó que se vayan a recortar prestaciones a los
trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura, y aseguró que la
reforma del subsidio agrario se orienta a ofrecer a los jóvenes «un
horizonte de trabajo y no uno de subsidio y dependencia». En
opinión de Aznar, «hay gente» que quería convocar una huelga
general desde que el PP ganó las elecciones del 2000 y subrayó que
«un líder de la oposición responsable, no puede ni debe justificar
ni apoyar una huelga general». El secretario general de los
socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que el problema
del Gobierno de Aznar «no son los socialistas», sino «sus problemas
con los trabajadores» y la política social que desarrolla y que, en
su opinión, cada vez genera «más injusticia, más fractura social,
y, además, incertidumbre».
La convocatoria formal de la huelga general el 20-J, víspera de
la Cumbre europea que cerrará el semestre de presidencia española
de la UE, saldrá hoy de las reuniones que celebrarán por separado
el Consejo Confederal de CC OO y el Comité Confederal de UGT. El
paro pretende obligar al Gobierno a retirar una reforma de
desempleo que, en opinión de Cándido Méndez, contiene medidas «más
graves para los derechos de los trabajadores que las que provocaron
la convocatoria del paro general de media jornada de 1994 contra el
Ejecutivo que entonces presidía González.
Méndez explicó que, además de redefinir lo que es una oferta
adecuada de empleo, el Gobierno propone la desaparición paulatina
del subsidio agrario para los trabajadores de Andalucía y
Extremadura, que «afectará a unas 300.000 familias», y además
elimina el salario de tramitación "el que un trabajador percibe en
caso de despido mientras la justicia falla si es procedente". El
vicepresidente Rato insistió por su parte en que la huelga
constituye un «error» y una «mala decisión», y aseveró que la
reforma del desempleo no supone «ningún recorte presupuestario», e
incluso «amplía los derechos de los trabajadores eventuales del
campo y de las mujeres que acaban de tener hijos».
También abundó en esa tesis el ministro Aparicio, mientras que
Pío Cabanillas, insistió en que se trata de una huelga política. En
este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, afirmó que la huelga es política «en la medida en que hay
una decisión política de Aznar». El coordinador general de
Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, afirmó que la huelga general
«no es política», sino «una huelga y punto, no una guerra, porque
usted no es Bush ni Fidalgo y Méndez, por mucho que lleven barba,
son Bin Laden».
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