El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón modificó ayer la
condición de testigos con la que iban a declarar tres ex consejeros
del BBV y aplazó su comparecencia para volverles a citar de nuevo
como imputados, según fuentes jurídicas, porque firmaron las
cuentas anuales del banco. Se trata de José Antonio Sáenz Azcúnaga
Usandizaga, ex ejecutivo del BBV y actual presidente de
Metrovacesa; José Javier Gúrpide Huarte, ex vicepresidente del BBV;
y Vicente Eulate, ex consejero.
Los tres estaban citados a declarar ayer como testigos por el
juez en su providencia del pasado día 9; pero Garzón recibió ayer
mismo un escrito del BBVA con la lista de consejeros del BBV que
firmaron las cuentas anuales de la entidad entre 1996 y 1999, en la
que aparecen los tres ex consejeros y se ha visto obligado a
suspender la comparecencia para volverles a citar como imputados.
El propio juez en su auto del pasado 25 de abril ya imputaba, junto
al ex copresidente del BBVA Emilio Ybarra, a «los miembros del
consejo de administración del BBV que hubieren firmado las cuentas
anuales de los ejercicios 1996 a 1999, a excepción de los
administradores que por no pertenecer o proceder de BBV SA no
hubieran podido conocer la presunta desfiguración contable. Todo
ello respecto del tipo delictivo del artículo 290.1 del Código
Penal».
La imputación de los administradores que firmaron las cuentas
anuales del BBV entre 1996 y 1999, solicitada por el fiscal
Anticorrupción adscrito al 'caso BBVA', David Martínez Madero,
pertenece a la investigación relativa al expediente abierto por el
Banco de España a BBVA por la existencia de cuentas opacas en el
extranjero y, en concreto, a la operativa realizada a través de
Amelan Foundation del Trust 532 de Jersey. Por otra parte, Garzón
ha pedido informe al fiscal antes de decidir si admite o no la
personación en la causa, como acusación popular, solicitada por el
PP.
El Partido Popular ha implicado al PSOE en el cobro de
comisiones ilegales procedentes de sociedades relacionadas con el
entramado financiero creado por el BBV en el exterior. De acuerdo
con el escrito de personación del PP como acusación popular, el
partido del Gobierno justifica la petición de participar en las
actuaciones judiciales porque el dinero de las cuentas del banco en
el exterior puede haber «favorecido a una formación política
determinada». Tras verter esa afirmación en el escrito, el PP
interpone «querella» contra nueve sociedades y a continuación
detalla algunas operaciones efectuadas por esas empresas con
personas relacionadas con el PSOE y con compañías implicadas en la
financiación ilegal de este partido "caso Filesa".
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