La reforma de la ley de partidos supera su primer trámite en el Congreso

Finalmente, la enmienda del PNV fue la que obtuvo mayor respaldo, ya que CiU la apoyó desde el convencimiento de que el máximo diálogo posible y, especialmente, la opinión del nacionalismo democrático vasco es determinante para resolver el problema del terrorismo. No obstante, su portavoz, Xavier Trias, anunció que "como CC y PA" espera respaldar el texto al término de su tramitación. Las enmiendas fueron rechazadas con 20 votos a favor, 278 en contra y 14 abstenciones (de CiU), salvo la del PNV, que cosechó 34 votos favorables, 277 en contra y una abstención. El ministro de Justicia, Angel Acebes, durante su intervención en defensa de la ley, aseguró que esta norma es «una obligación y una responsabilidad» de las fuerzas democráticas para afrontar con decisión la amenaza que supone para el Estado de Derecho la confusión entre la política y el terrorismo.

Acebes repasó el articulado de la ley, de la que destacó su «impecable factura jurídica», para rechazar las críticas de las siete fuerzas políticas (IU, PNV, IC-V, EA, BNG, ERC y CHA) que pidieron sin éxito la devolución del texto al Gobierno. Todas ellas expresaron dudas sobre los fines de la ley y advirtieron de sus consecuencias políticas para el País Vasco. El ministro fue especialmente duro con el PNV, partido del que lamentó que «se atreva» a dudar de la constitucionalidad de la ley atribuyéndola a una «democracia de baja calidad», cuando gobierna desde hace 22 años en el Parlamento de Vitoria, «donde toda la oposición lleva escolta», algo que calificó de «vergüenza».

Los representantes del PNV, IU y Grupo Mixto coincidieron en considerar que la norma vulnera diversos principios constitucionales y advirtieron de que no va a mejorar la lucha antiterrorista y de que, además, reduce garantías jurídicas. En sus intervenciones ante la Cámara para defender sus enmiendas, los portavoces de estos grupos destacaron que el proyecto rompe el consenso que presidió en 1978 la ley que ahora se va a modificar, vaticinaron que su aplicación fortalecerá a Batasuna al convertirla en una asociación clandestina y acusaron al Gobierno de utilizarla como instrumento electoral y de propaganda política.

Josu Erkoreka, del PNV, recordó que, a diferencia de lo que ocurrió en 1978, esta nueva ley «no será de todos» y, en el País Vasco, será «de una clara minoría». Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, criticó la ley «por innecesaria y contraproducente» y se mostró convencido de que esta «ley de excepción» no servirá para acabar con ETA. La posibilidad de que ETA recupere apoyo social y de que se radicalice la situación política en Euskadi, fue una advertencia en la que coincidieron los cinco diputados del grupo mixto.