El presidente del Gobierno, José María Aznar, advirtió ayer de que
la convocatoria de una huelga general para la víspera del Consejo
Europeo de Sevilla tendrá consecuencias para los convocantes y un
«coste político» para quienes la apoyan. Aznar aseguró que «nadie
puede pensar» que actuaciones como la llamada a la huelga del día
20 «no van a tener consecuencias». Tras afirmar que esta situación
no tiene precedentes en Europa y «no deja de producir asombro»,
además de ser un «despropósito», el presidente del Gobierno
consideró «difícil de entender» que dirigentes del principal
partido de oposición justifiquen la huelga aunque, según advirtió,
es «su responsabilidad».
El vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, anunció
que el grupo parlamentario del PP ha expresado su intención de que
el decreto-ley se tramite en el Parlamento como proyecto de ley "lo
que permite la introducción de enmiendas" y aseguró que el
Ejecutivo no se ha planteado la posibilidad de cambiar de ubicación
o fecha el Consejo Europeo. El ministro de Trabajo, Juan Carlos
Aparicio, justificó la reforma y dijo que entre las
responsabilidades del Gobierno está «producir cambios que busquen
el interés general».
Para la huelga general, los sindicatos policiales SUP, UFP y
SPPU han decidido coordinarse con CC OO y UGT y crear un gabinete
de enlace para conseguir que la protesta se desarrolle con
normalidad y garantizar el derecho de los ciudadanos a secundar el
paro. Los representantes de los tres sindicatos de la policía
pidieron al Gobierno que no convierta el ejercicio de un derecho
constitucional «en un problema de orden público». En este contexto,
consideraron «alarmista» la decisión de suspender todos los
permisos en las fuerzas de seguridad a partir del día 1 de junio,
así como los cursos de formación previstos entre los días 17 y 24
de ese mes para seiscientos policías, que serán trasladados a
Sevilla, donde tendrá lugar el 21 y 22 el Consejo Europeo que
clausura la presidencia española de la UE.
El secretario general, Cándido Méndez, anunció que los
sindicatos solicitarán una entrevista con el Defensor del Pueblo,
Enrique Múgica, para que recurra en nombre de CC OO y de UGT ante
el Tribunal Constitucional el decreto-ley de reforma del sistema de
protección por desempleo. Méndez criticó que el Gobierno haya usado
el decreto-ley para aprobar la reforma del desempleo porque esta
figura normativa sirve para casos de urgencia y en estos momentos,
explicó, el superávit del INEM no justifica tal celeridad, porque
«si España va bien, ¿dónde está la urgencia? y si no va bien, que
nos lo expliquen». A juicio del secretario general de CC OO, José
María Fidalgo, la actuación de los partidos de la oposición está
siendo «muy digna», ya que no están jaleando la huelga, como
asegura el Gobierno, sino explicando a los ciudadanos su
alternativa a la reforma gubernamental.
El PSOE ha presentado en el Congreso una proposición no de ley
exigiendo la retirada del 'decretazo' y la realización de un debate
específico sobre el tema con el fin de buscar una reforma
consensuada y global de la Ley Básica de Empleo. Según Jesús
Caldera el Gobierno ha provocado la huelga con «su rostro más
autoritario y conservador». El Grupo Parlamentario de IU ha
redactado un informe jurídico que «avala la inconstitucionalidad»
del Decreto-Ley y que ha enviado ya a las comunidades autónomas en
las que tiene representación parlamentaria y que hará llegar al
Grupo Socialista y a los máximos dirigentes de CC OO y UGT. El alto
representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la
Seguridad Común, Javier Solana, afirmó por su parte que cree que el
Consejo Europeo de Sevilla se celebrará «con toda normalidad», pese
a la huelga.
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